Si entendemos el primero en la forma que lo define la Ley 1620 del 2013, como una “conducta negativa” con visos de “agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado”, que puede provenir de sus compañeros de clase, pero también de sus profesores, podría concluirse que Sergio fue víctima de un matoneo ejercido por quienes más responsabilidad tenían de prevenirlo.
Y si los detalles del modo errático en que –según denuncia su madre– la institución habría asumido la situación de este joven producen escozor, preocupa saber que patrones similares se han presentado en otros casos que han salido a la luz pública. Todo esto obliga a recordar que los manuales de convivencia deben ajustarse a lo estipulado por la citada ley, la cual busca promover el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, además de un ambiente de respeto a la diferencia. Justo lo que, todo indica, no ocurrió en el Gimnasio Castillo Campestre, sin que nadie –incluidas las autoridades– se inmutaran.
Para ser claros: las responsabilidades de los profesores y directivos no pueden estar desconectadas de la evolución –siempre al compás de la democracia– de la manera de asumir la convivencia social y escolar. Algunas personas a cargo de estos planteles –a veces más dadas a la negación que a la enmienda– olvidan que su condición de pedagogos debe primar sobre sus intereses como prestadoras de un servicio.
El fatal desenlace de la historia de Sergio debe llevar también a una discusión seria, informada y constructiva sobre el suicidio, un problema de salud pública que no puede seguir desconociéndose.
El año pasado, en Colombia, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1.810 personas se suicidaron, en una proporción de cuatro hombres por una mujer, con una mayor incidencia entre jóvenes de 20 a 24 años; la décima parte del total corresponde a niños y adolescentes. Pese a semejantes estadísticas, esta no es una prioridad para los sistemas de salud, aun cuando es claro que puede evitarse si existe una atención integral.
Infortunadamente, el tabú, la estigmatización y los temores que su solo enunciado produce terminan por imponerse a las necesidades de las potenciales víctimas, que, en general, no buscan ayuda por sí solas. Sin embargo, cuando lo hacen, suelen estrellarse con un sistema de salud que usualmente falla en el tipo de soporte que les brinda.
El impacto devastador que en las familias, los amigos y la comunidad acarrea un suicidio, como tristemente lo demuestra el caso en cuestión, exige, tal como lo recomienda la OMS, que los gobiernos le den una mirada seria a este problema, que apliquen estrategias multisectoriales que le apunten de manera eficaz a la prevención, en el marco de una política pública de salud.
Urge generar conciencia en torno a la responsabilidad que todos los estamentos de la sociedad tienen en el abordaje de estos dos lamentables fenómenos. Cada uno debe aportar criterios realistas y claros, despojados de mitos, silencios y sentimientos de culpa.
