En Quito y Montevideo se las conoce como ‘zonas rojas’; en Costa Rica son ‘búnkeres’; en Río se las llama ‘cracolândias’, y en Colombia, ‘ollas’, término acuñado para sitios que pasaron de lugar de habitación de clases medias y aristocráticas a espacios en los que convergen la venta de drogas y armas, el consumo de alucinógenos, la indigencia, el desarraigo y la pobreza, un repositorio de todos los males que agobian a las ciudades en mayor o menor escala.
En Bogotá existen varias de ellas. Las más conocidas son el ‘Bronx’ y ‘Cinco huecos’, habitadas por más de 2 mil personas en condiciones inhumanas. Muy popular en el pasado fue el ‘Cartucho’, erradicada durante la administración Peñalosa para dar paso a un parque público. En Cartagena, la ‘olla’ más popular está en el mercado de Bazurto; en Santa Marta es la de ‘El Boro’; en Medellín, la de Barrio Triste; en Barranquilla hubo una que se conoció como ‘Las Colmenas’, que llegó a albergar a 256 familias y 200 indigentes; en Ibagué, la alcaldía habla de 120 ‘ollas’ grandes y pequeñas.
De ahí que no resulte fácil el desafío que el Presidente de la República acaba de imponerles al Ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional, al conminarlos a que en un plazo de 60 días 24 ‘ollas’ en el país sean intervenidas por ser “fábricas del crimen”.
El anuncio lo hizo tras visitar el ‘Bronx’ en compañía del alcalde Gustavo Petro. Allí, Santos aplaudió un exitoso proceso que tanto la Administración Distrital como la Policía Metropolitana vienen realizando, pues, al tiempo que se combate a las mafias del crimen organizado, se brinda atención en salud, nutrición y educación a sus residentes. Si las cosas siguen como van, el caso de este deprimido sector del centro de la capital podría emularse en el resto del país.
Ahora bien, el perentorio llamado presidencial, además de apuntar hacia el combate contra la ilegalidad en las ‘ollas’, requiere una atención social de largo aliento. No basta la sola acción policial –que debe haberla, sin duda, pues las mafias que delinquen en estos lugares son las principales responsables del actual estado de cosas–, sino que ha de proveerse a quienes allí habitan una atención básica que les devuelva su dignidad como personas. Empezando por reconocer que no todos son delincuentes.
Es indispensable, igualmente, que este esfuerzo esté acompañado de un proceso de renovación urbana. Se pudo hacer en Barranquilla, en el centro de Pereira e, incluso, en Bogotá.
Hay experiencias y errores que no se pueden repetir, como hacer intervenciones con demasiada propaganda, pues se termina por estigmatizar más a quienes viven en estas áreas y, peor aún, a quienes puedan llegar a ser objeto de reubicación. En el pasado hubo hasta asonadas por este hecho.
Cualquier esfuerzo que se haga en este sentido requiere una alianza entre Gobierno Nacional, alcaldías y demás autoridades. Acabar con las ‘ollas’ no es el fin del microtráfico –el azote de las ciudades hoy–, pero sí un golpe certero a la actividad criminal que caracteriza a estos sitios.
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