Para ello, Reyes ya cuenta con el modelo de reforma a la justicia que dejó el saliente ministro Alfonso Gómez Méndez y que, además de buscar que las instituciones de la Rama estén más cerca de la gente, pretende acabar con la puerta giratoria entre las altas cortes y las facultades electorales de las mismas.
Aunque algunas de esas reformas estarán en el proyecto de reequilibrio de poderes que el Ministerio del Interior presentará al Congreso en septiembre, durante los próximos meses el nuevo minjusticia deberá presentar tanto reformas constitucionales como leyes ordinarias al Congreso, así como coordinar la acción y el gasto de instituciones que hoy están en crisis.
Reyes es abogado de la universidad Externado, con especializaciones en derecho penal y criminología. Con más de 25 años de experiencia en materia jurídica, es catedrático de la Universidad de los Andes, ha sido conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros cargos en el sector privado.
Su llegada al ministerio se da en el preciso momento en que el Consejo de Estado estudia la posibilidad de revivir la reforma a la justicia de 2012, aprobada por el Congreso pero que el presidente Santos tuvo que objetar ante los ‘micos’ que se le colgaron en la conciliación. A juicio de por lo menos 13 magistrados de ese tribunal, la citación a las horas extras durante las cuales se cayó el articulado fue ilegal.
Del posesionado ministro dependerá, también en el escenario legislativo, la reglamentación del Marco Jurídico para la paz. Reyes tiene el reto de que haya el máximo de justicia posible, una vez se firme un eventual acuerdo del fin del conflicto con las Farc, y también que las víctimas queden satisfechas con el modelo de justicia transicional que se aplique.
El nuevo ministro no es ajeno a la importancia de la justicia en el marco del conflicto, pues su padre fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19, en 1985. En lo inmediato, Reyes tendrá que resolver los problemas de hacinamiento, mal servicio y demandas laborales que afronta el sistema carcelario del país, incluyendo la amenaza de un paro indefinido por parte de los guardias penitenciarios.
