Hace doce años el Consejo de Seguridad de la ONU reconoció en una resolución que la única paz sostenible —la paz que dura más allá de la firma de un acuerdo— es aquella en cuya mesa de negociaciones hay mujeres y hombres.
Si bien en septiembre del año pasado el presidente Juan Manuel Santos hizo caso a la consigna anunciando que las mujeres tendrían “un lugar muy destacado y permanente” en el proceso de paz con las Farc, las organizaciones de mujeres dicen que la presencia femenina poco se siente.
Se siente poco porque después de 167 días de conversaciones en La Habana la mujer continúa tras bambalinas: detrás de los voceros del Gobierno están Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi, que aunque bien preparadas y con amplia experiencia en resolución de conflictos, son suplentes, y se desconoce si tienen el tema de género bajo la manga. Del otro lado, en las Farc apenas se destacan las figuras de la holandesa Tanja Nijmeijer y de Shirley Méndez, compañera sentimental del fallecido Jorge Briceño, alias Mono Jojoy.
Lo cierto es que dicha representación no es proporcional a los efectos que tiene el conflicto armado en las mujeres. De acuerdo con el auto 092 que emitió la Corte Constitucional en 2008, hay un “impacto desproporcionado en términos cuantitativos y cualitativos del conflicto armado interno y del desplazamiento forzado” sobre ellas.
Según el alto tribunal, las mujeres son más propensas a ser víctimas de la violencia sexual, la esclavitud para ejercer labores domésticas, el reclutamiento forzado, la discriminación y los asesinatos. Human Rights Watch denunció a principios de este año que una de cada dos mujeres desplazadas por el conflicto en Colombia es víctima de violencia de género en los lugares de destino por parte de sus parejas o de grupos armados.
Diana Guzmán, investigadora de Dejusticia en temas de género, plantea que los cuerpos de las mujeres son un escenario en el cual tiende a jugarse la guerra: “Son usados para humillar al enemigo, para aterrorizar a la comunidad y para conseguir objetivos políticos o militares”. Por eso dice que tienen que estar en La Habana, de lo contrario, “se estaría excluyendo la perspectiva de la mitad de la población y estaríamos en una democracia que permite la discriminación”.
María Eugenia Morales, coordinadora del grupo Mujeres y Género, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, afirma que “no incluir en la mesa de negociación a alguien que represente los intereses y necesidades concretas de las mujeres es hacer invisible todo lo que ha pasado con ellas en el marco del conflicto armado”. Más grave aún, dice, es que en la agenda del proceso tampoco se mencione de manera clara cuál va a ser el papel de la mujer y cómo se van a abordar sus temas.
María Eugenia Cruz es líder de la Coordinación Nacional de Mujeres en Situación de Desplazamiento. Errante a causa de amenazas y persecuciones por parte de varios grupos armados, ha tenido que vivir en Tolima, Cartagena, Bogotá y varios pueblos de la Costa.
Por los consejos de su fallecida amiga Angélica Bello, se abstuvo del exilio, aunque tantas han sido las amenazas y tan escasa la protección que ha estado a punto de dejar el país. Pero es precisamente el proceso de paz lo que la mantiene en Colombia: “Las víctimas sabemos que es ahora o nunca cuando tenemos la oportunidad de que empiece a avanzar la cesación del conflicto”, dice.
Sin embargo, María Eugenia tiene algunos reparos respecto a lo que sucede en La Habana. El principal, que las mujeres víctimas no son prioridad: “No se trata sólo de que nos llamen a participar en eventos o incluso en la mesa, sino que nuestras propuestas, preguntas y necesidades queden en la agenda”, sugiere, y hace énfasis en que el tema de tierras necesita un abordaje de género, pues hay “grandes desigualdades en el derecho a la propiedad de los predios que nos fueron arrebatados, y en la medida en que esto no se trate estará en riesgo la paz que tanto anhelamos”.
De otro lado, el auto 092 de la Constitución, además de reconocer que las mujeres son más vulnerables al conflicto, también acepta que las indígenas y afrodescendientes son, entre el grupo de mujeres desplazadas, el segmento poblacional que ha sido afectado con mayor dureza por crímenes, injusticias e inequidades.
Arelis Uriana, a la cabeza de la consejería Mujer, Familia y Generación, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), lo confirma: “Sufrimos por partida doble, por nuestra condición de género y étnica. Lo más grave es que el impacto es invisible, ya que ni siquiera logramos tener datos confiables sobre violencia sexual y hay muy poca denuncia”.
Como las demás, las mujeres indígenas tampoco se sienten representadas por los que están sentados a la mesa de diálogo, pero quieren hacer llegar un mensaje a La Habana: “Paz sin nosotras no es paz, por eso la reparación debe ser individual y colectiva, y debe respetar nuestras creencias; debe ser un proceso consultado y pactado con las mujeres que hemos sido víctimas directas de esta absurda guerra”.
El tercer punto de las negociaciones, sobre la entrega de armas y la reintegración de las Farc a la vida civil, y el quinto, acerca de la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas, preocupan a las mujeres, sobre todo a quienes han sufrido agresiones sexuales.
Las preocupan porque temen que la paz termine en amnistías e indultos para las Farc y en falsas promesas para ellas, como sucedió con la Ley 975 de 2005, que si bien facilitó la desmovilización de 31.000 paramilitares sindicados de haber cometido crímenes de guerra y habló de medidas especiales para las mujeres, dejó una impunidad reinante: soló 89 casos de violencia sexual han sido confesados y de ellos apenas dos tienen sentencia condenatoria (2,24%), aunque la última encuesta de Oxfam hable de 489.687 víctimas entre 2001 y 2009, 74.698 de las cuales responsabilizan a actores ilegales (guerrillas y paramilitares).
Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer, dice que, incluso ante un eventual escenario de negociación, “es imposible otorgar amnistías totales o renunciar a las investigaciones”. En cambio, propone adoptar un enfoque de justicia transicional exigente respecto a la violencia sexual, que deje atrás perdones “amnésicos” y reconozca a las mujeres, no sólo en su condición de víctimas, sino como protagonistas de los reclamos de verdad.
Al respecto, Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres, dice que “a las víctimas les va a tocar tragar muchos sapos si los agresores no van a la cárcel”, pero reconoce que sin el cese del conflicto armado habrá muchas más mujeres que terminarán invisibles y empobrecidas.
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