La continuidad de Otálora perjudica a la Defensoría. El funcionario debe dar un paso al costado.
Independientemente del desenlace que tenga el episodio de la acusación de acoso sexual elevada por su exsecretaria privada, la permanencia de Jorge Armando Otálora en su cargo de defensor del pueblo es hoy insostenible.
En medio de la intensa controversia, se olvida por momentos que existe en todo este debate una dimensión paralela a la disciplinaria y la penal: la política. En este sentido, y como ya lo han señalado varios observadores, aun si se le da crédito a la versión de los hechos que ha dado Otálora, en la que argumenta la existencia de una relación sentimental, ocurre que esta ya de por sí entraña un comportamiento que no puede ser aceptable en un funcionario público, y mucho menos en quien ostenta una posición que exige de quien la ocupe máxima transparencia. Y es que entre ambos, fuera cual fuera el tipo de vínculo, seguía existiendo una relación de subordinación. Elemento más que suficiente para reprochar desde la ética el proceder del jefe máximo de dicha entidad, pues la utilizó para incidir en lo personal. Se trata de un abuso de poder, que es una falta muy grave.
Pero no es solo eso. Es pertinente en este caso aproximarse a los hechos con un rasero moral para constatar que algunos detalles de esta historia, las fotografías y los contenidos de las conversaciones, hacen que pueda ser considerada burda, truculenta e incompatible con las expectativas que los colombianos tienen de la institución responsable de velar por el respeto de sus derechos fundamentales.
Hay que tener en cuenta, así mismo, otras denuncias recientes de acoso laboral reveladas por medios y periodistas que no obran con ligereza, sino ateniéndose a cánones rigurosos del oficio. Su contenido sorprendió en su momento por lo crudo de las descripciones que hacían del ambiente que presuntamente hoy reina en la entidad y el cual, de ser así, sin duda afecta su funcionamiento. Lo anterior, para estos efectos, deriva en que los colombianos que se acercan a ella porque han visto vulnerados sus derechos probablemente no tendrán la respuesta esperada.
Así, pues, sumados todos los cuestionamientos y testimonios ventilados, incluido el del propio Otálora, ya referido, que lo deja mal parado, estos se traducen en razones de peso para considerar que es hora de un relevo. Hay una más, y no menos importante: la barrera que separa a las personas de las instituciones –y más a este nivel– es porosa, y un descrédito político se filtra por ella y termina perjudicando a la Defensoría.
Lo deseable, desde luego, es que las instituciones estén por encima de las personas, que los cálculos políticos de los protagonistas de la historia y sus allegados no primen sobre algo que tiene que ser siempre prioritario, como es la salvaguarda de la integridad y credibilidad de una entidad fundamental para la plena vigencia del Estado de derecho.
Sin desconocer el derecho a la defensa de Otálora, cabe un llamado para que tenga lugar una acción eficaz de la Procuraduría en lo disciplinario y de la Fiscalía en lo penal, pero también para que las colectividades partidistas, el Congreso y todos aquellos que, en la esfera política, tienen capacidad de incidir en el desenlace de este lamentable embrollo asuman posturas mucho más claras y contundentes que las vistas hasta ahora.
