los representantes del Ministerio Público les preocupa la larga espera a la que están sometidos.
Desde hace cuatro años las familias que llegaron en busca de ayuda a la cabecera de Angostura esperan ser reconocidas como víctimas del conflicto. El frente 36 de las Farc que, al parecer, hace presencia en localidades vecinas a este municipio antioqueño los convirtió en desarraigados.
«Lo triste es que después de tanto años no ha habido respuesta y el temor es que la violencia llegue nuevamente a los municipios», dice la personera de Angostura, Ana Isabel Avendaño.
No es la única representante del Ministerio Público a la que le preocupa la lenta respuesta del Gobierno nacional para reconocer a las víctimas. Ese es el llamado general de los personeros reunidos en el IV Asamblea Nacional, que será instalada hoy en Cali.
Fausto Palacio, personero de Atrato (Chocó), recuerda que desde enero, las ocho familias que llegaron a la cabecera en busca de ayuda esperan ser cobijados por la nueva Ley de Víctimas.
«En un departamento con más de 60.000 víctimas, en el que convergen diferentes ac-tores ilegales, la situación es compleja y una respuesta oportuna es necesaria», anota.
En materia de víctimas la situación es compleja, dice Deisy Largo, personera de Río Blanco (Tolima), quien recuerda que desde hace una década once veredas de esta localidad del sur de Tolima, esperan el regreso de sus pobladores.
El avance de la tropa para sacar de esa región a la guerrilla puso en medio a los campesinos y estos terminaron por salir como desplazados a mendigar a otras zonas.
«La Ley de Víctimas llegó con un componente importante. No solo contempla a los desplazados como víctimas sino que tiene en cuenta otros delitos que sufrieron estas personas como el abandono de sus tierras, niñas abusadas o desaparecidos. Esto lo que va a permitir es permitir llegar a la verdad histórica y ojalá traiga la garantía de la no repetición que es lo que uno sueña», dice la Personera.
Franklyn Ramírez, personero de Buenos Aires (Cauca), dice que en un departamento donde hay municipios con una compleja situación con actores armados, cultivos ilícitos y minería ilegal, lo que más anhelan las víctimas es una respuesta oportuna.
«Nosotros realizamos los trámites, pero no podemos satisfacer sus necesidades: hay que dar respuestas», pide el funcionario.
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