Se acercan las elecciones de octubre, y la relación entre políticos y criminales en Colombia vuelve a la agenda con la fuerza de siempre.
Son múltiples afluentes los que contribuyen a aumentar el caudal de este río tormentoso y maloliente.
El primero son las grotescas jeremiadas del uribismo, que se queja de persecución política porque al fin una porción de sus jerarcas tiene que responder ante la ley por sus brutales transgresiones.
Se podría decir mucho sobre el asunto. Me limito aquí a recordar al lector que nunca en la historia de Colombia fuerza política alguna había acercado al núcleo mismo del poder a personas involucradas con la criminalidad organizada y con modalidades extremas de violencia contra la población. En la agencia de inteligencia del presidente, este puso a una ficha del Bloque Norte de los paramilitares. Esa misma agencia chuzó y agredió a la oposición. De sus ministros, un porcentaje significativo terminó en líos con la justicia. Interactuó alegremente –a veces ascendiéndolos– con militares encartados en toda clase de crímenes, incluyendo los falsos positivos (a propósito, leo en un artículo en este diario que a través de un tuit Uribe sugirió el involucramiento de las víctimas de falsos positivos de actividades ilegales. Esta es una vileza sin nombre, aun para los estándares de Uribe). Y así sucesivamente. De la gente que puso en las altas posiciones de toma de decisión del Estado, una proporción muy significativa resultó manchada (no voy a decir de qué). Piensen en Pretelt… Se necesitaría un libro, no una columna, para terminar esta lúgubre lista.
Lo interesante es que esta criminalización de la política en la cúpula no corresponde a un complot oscuro urdido en las sombras, sino a una posición pública y programática. Uribe defendió abiertamente la presencia de hampones en su coalición: es el “voten por mí mientras no estén en la cárcel”. Casó una bronca con la Corte Suprema de Justicia en cuanto esta comenzó el proceso de la parapolítica. Y exigió que el fiscal pasara a depender del ejecutivo para poder bloquear a cal y canto el alud de investigaciones que, sabía, podría venirse contra los suyos. Lo hizo primero a través de una declaración amable y balbuceante, emitida por el amable y balbuceante señor Sabas, y después –si mi memoria no me falla— cuando recién comenzaba lo que el gran líder creía sería su candidatura continuista del 2010.
Es que sólo parte de la pulsión reeleccionista de Uribe es caudillismo andino –al estilo de Fujimori o de Chávez: me mantengo en el poder hasta que la muerte nos separe—. Una parte importante, es cierto: pero no la única. La otra es la necesidad de mantener garantizada esa impunidad que se reivindicaba, y se reivindica, programáticamente. Los uribistas sabían que salir del poder podía significar una tragedia para ellos: pero no porque los fueran a perseguir, sino porque sin acceso a las palancas de poder les sería imposible detener el avance de las investigaciones. Y por eso no tiene nada de casual que al parecer los uribistas hayan echado mano de métodos ilegales en la campaña de 2014, pues necesitaban garantizar el regreso. Los tres huevitos comienzan por casa: y los uribistas lucharon por tener bien aseguradas la seguridad democrática para sus miembros, la confianza inversionista para sus amiguitos, y la cohesión social de sus redes en las regiones, que por necesidad han incluido a gentes por fuera de la ley (o con una pata adentro y otra afuera).
Que el uribismo sea un caso extremo de criminalización de la política, con varias características nuevas, no quiere decir ni de lejos que sea el único. El tema de los avales está a la orden del día en todos los partidos grandes. Hablaré de esto la próxima semana.
http://www.elespectador.com/opinion/politicos-y-criminales-1
