Cuando se quiere reformar algo, es obvio preguntarse qué es lo que está mal.
El Gobierno ha propuesto crear un “tribunal de aforados” para el juzgamiento de altos funcionarios que, según la Constitución, deben ser acusados ante el Senado por la Cámara, previo trámite ante la Comisión de Acusaciones de esta última. Lo que está mal es ese procedimiento politizado, y la impunidad garantizada por esa Comisión de Absoluciones, como la llama con razón la gente. El sistema habría que cambiarlo de raíz para garantizar que haya justicia, empezando por eliminar la mal llamada Comisión de Acusaciones, que no ha podido ni querido dar crédito a ninguna denuncia en toda su existencia (salvo contra Rojas Pinilla).
La propuesta de la bancada oficialista pretende que el tribunal de aforados, integrado con cinco miembros elegidos por el Congreso por ocho años, investigue las denuncias formuladas contra los magistrados de las altas cortes y contra el fiscal general de la Nación para que, si es del caso, la Cámara formule la respectiva acusación ante el Senado. Tal parece que dicho tribunal sustituiría a la Comisión, aunque no se dice de manera explícita. Pero no son muchas ni graves las denuncias existentes contra estos funcionarios, ni la acción del tribunal despolitizaría el procedimiento.
Por el contrario, sí son numerosas y gravísimas las denuncias contra el presidente de la República. Paradójicamente, el proyecto no atribuye al Tribunal competencia al respecto, pese a que este funcionario también es un aforado especial, según la Constitución. Así, las denuncias en su contra seguirían protegidas por la impunidad emanada de la Comisión de Acusaciones y del procedimiento politizado.
En otras palabras, el tribunal de aforados se crearía para resolver un problema que no es particularmente apremiante (el juzgamiento de altos magistrados y el fiscal) y dejaría sin resolver el problema mayor (el juzgamiento del presidente). No parece que valiera la pena tanto esfuerzo en reformar la Constitución para producir un resultado tan pobre y desenfocado.
Además, el resto del procedimiento previsto actualmente en la Constitución continuaría igual: el Senado tendría que autorizar el juicio penal ante la Corte Suprema por delitos comunes y podría además destituir o privar de derechos políticos al funcionario, en caso de delito cometido en ejercicio de sus funciones o de indignidad por mala conducta. Con Comisión de Acusaciones o con tribunal de aforados, es difícil imaginar al Senado asumiendo esas decisiones. Y, en caso de hacerlo, cabría preguntarse si el procesado no estaría siendo sancionado dos veces por la misma conducta, en violación del principio non bis in ídem.
En vez de crear un organismo más, lo adecuado sería establecer en la Corte una sala de investigación y acusación que pudiera avocar el conocimiento directamente de las denuncias contra todos los aforados (empezando por el presidente de la República). Para garantizar imparcialidad y control político sobre sus decisiones en esta materia, la ejecución de sus sentencias condenatorias sobre aforados podría someterse a consideración del Senado. Sería un remedio más claro, sobrio y seguro para corregir lo que está mal en este asunto.
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