Hoy tengo el doloroso deber de alertar sobre una emergencia humanitaria en desarrollo: no menos de 18.000 niños y niñas están afiliados a grupos armados ilegales y bandas criminales, y no menos de 100.000 trabajan en sectores de la economía ilegal, controlados directamente por estos grupos. Toda esa brutalidad extrema y deliberada contra los más indefensos no solo señala a los perpetradores, sino que nos expone como sociedad. Expone nuestra negación, nuestro silencio, nuestra incapacidad para protegerlos.
Cada año, miles de familias lo abandonan todo para no verse obligadas a entregar a sus hijos. No siempre consiguen evitarlo. Son numerosos los casos en los que los niños y niñas son sustraídos de sus hogares y vinculados a grupos armados ilegales y bandas criminales como parte de un perverso ‘impuesto de guerra’ que imponen los violentos a las comunidades a las que someten bajo la dictadura del miedo, con el fin de convertirlas en cómplices y obligarlas a guardar silencio. Algunos niños nos relataron que fueron entregados por sus padres porque en su familia corrían el riesgo de morir de hambre o perecer en medio del fuego cruzado.
En ningún caso, en el reclutamiento media la voluntad de los niños y las niñas. Es un acto forzado, facilitado por la vulnerabilidad social y económica de los afectados, pero que de ninguna manera tendría lugar sin la existencia de un conflicto armado.
El reclutamiento y uso de los niños es un crimen de crímenes, pero los actos más graves se causan durante las primeras etapas de la vinculación. En el marco del entrenamiento, son sometidos a un complejo proceso de deshumanización, en el que se los prepara para torturar con sevicia, asesinar con indiferencia, violentar sin límite y sin pudor. Los reclutan, los retienen y los obligan a convertirse en victimarios: ellos son los ‘prisioneros combatientes’, víctimas de una forma moderna de esclavitud.
Durante la audiencia de presentación de su candidatura, el hoy fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, expresó que pasaría del enfoque de la responsabilidad penal individual a la persecución de organizaciones criminales por la comisión de crímenes atroces.
Frente a semejante compromiso, aquí le estamos planteando el desafío: de manera contundente, en el informe ‘Como corderos entre lobos’, que se presentará el próximo 15 de agosto en la sede nacional del ICBF, se concluye que la autoría y plena responsabilidad de estas graves violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario recaen, no sobre individuos, sino sobre organizaciones criminales identificadas y conocidas: las Farc, el Eln, las bandas criminales (‘bacrim’) y los grupos paramilitares, que han establecido la práctica del reclutamiento y uso de los niños y las niñas dentro de sus objetivos estratégicos como parte de una política metódica, sistemática, deliberada, dirigida contra una población en situación de extrema vulnerabilidad y que golpea, especialmente, a los grupos indígenas.
Este es un informe independiente, pero no neutral. Es un trabajo que toma partido en defensa de los niños, que asume la obligación de no heredarles la guerra y de protegerlos de ella, que reafirma el compromiso de luchar por garantizarles el ejercicio pleno de su derecho constitucional a la paz y, mientras tanto, de proporcionarles una garantía aún más fundamental: la del derecho a vivir libres de miedo.
