La acción judicial será radicada ante la Corte Constitucional.
Esta semana se presentarán una serie de demandas ante el decreto que le obliga a las empresas de telefonía celular compartir su base de datos y a facilitar en cualquier momento, las interceptaciones que requiera el Ministerio de Telecomunicaciones, como intermediario de la Fiscalía.
El abogado Gustavo Moreno, presentará este martes una acción jurídica ante la Corte Constitucional contra este decreto expedido hace 10 meses al considerar que es inconstitucional.
“Raya con la Constitución de forma casi que abusiva e interfiere en un derecho fundamental como es la privacidad y la intimidad”, precisó Moreno en diálogo con Noticias Uno.
El documento señala que “la interceptación de las comunicaciones, cualquiera que sea su origen o tecnología, es un mecanismo de seguridad pública que busca optimizar la labor de investigación de los delitos que adelantan las autoridades y organismos competentes, en el marco de la Constitución y la Ley”.
El decreto, firmado por los ministros de Justicia, Ruth Stella Correa; de Defensa, Juan Carlos Pinzón; y de las Tic, Diego Molano Vega, cita que “los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que desarrollen su actividad comercial en el territorio nacional deben implementar y garantizar en todo momento la infraestructura tecnología necesaria que provea de los puntos de conexión y de acceso a la captura del tráfico de las comunicaciones”.
El presidente de Academia de Pensamiento Conservador, Lucas Cañas, quien hizo la denuncia, dijo que “llama la atención que el decreto expedido por el Gobierno hace 10 meses, no tuviera el debate que le debe corresponder a un tema que de manera directa afecta la intimidad de los colombianos y le entrega a las empresas privadas facultades para que desarrollen tecnología y a su vez puedan interceptar comunicaciones o tráfico de datos de los colombianos, aún más cuando el país acababa de vivir los debates de la ley de inteligencia y contrainteligencia”.
“Me preocupa y mucho lo que un particular puede llegar a hacer con este tipo de información porque se pueden constituir bandas criminales al otro lado de la legalidad. Es muy preocupante que el Congreso no se pronunciará con relación al tema y resulta suspicaz que el Gobierno no lo haya mencionado”, dijo.
Al parecer, este decreto sería la base jurídica del plan interceptaciones que aparentemente adelantan los organismos de seguridad en las principales ciudades del país.
La semana pasada un agudo debate se dio alrededor de las interceptaciones. El ministerio de Defensa anunció la creación de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (Puma) que permitirá seguir la actividad de los ciudadanos en correo electrónico y redes sociales.
La Fiscalía General de la Nación advirtió que sólo se puede operar con orden judicial previa. Sobre el tema, el director de la Policía, general José Roberto León Riaño, dijo que se trata de una plataforma diseñada para el posconflicto y para combatir la criminalidad urbana.
