El asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, en el llamado Bogotazo, generó la violencia que ha marcado la vida de generaciones enteras de colombianos: con un reguero de muertos por la intransigencia liberal-conservadora y la lucha por la tierra, estimados por monseñor Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña en 300.000, en especial campesinos y gentes humildes, abatidas con sevicia; el auge del bandolerismo en la década del 60 como producto de la descomposición social; casos terribles como el de Teófilo Rojas, alias ‘Chispas’, que mataba a garrote para economizar munición; el surgimiento de las Farc en el gobierno de Valencia, con horrores como el asesinato de las monjas en Inzá, atribuido a ‘Tirofijo’; los crímenes contra millares de soldados y policías; el asalto a Simacota en 1965, o ‘bautismo de fuego’ del Eln; el reclutamiento forzado de menores; las muchas viudas y huérfanos llorando a sus seres queridos; el surgimiento del M-19 y su estela de actos terroristas, incluido el atroz asesinato de José Raquel Mercado y la toma violenta del Palacio de Justicia, cuyas nefastas consecuencias aún siguen gravitando sobre nuestra institucionalidad.
Son solo unos cuantos hitos, sin contar el sufrimiento del pueblo colombiano por el narcoterrorismo y su aliado paramilitar.
Salir de semejante cadena de odio, muerte, desolación y desesperanza tiene que ser prioritaria tarea de los gobernantes de hoy para las actuales y próximas generaciones.
Los procesos de paz no pueden, entonces, adelantarse, juzgarse ni romperse por razones puramente emocionales. Tienen altibajos.
Solo la historia nos dirá si fue un error haber terminado procesos de paz con la guerrilla, por razones coyunturales, desde luego violentas.
Belisario Betancur dio el gran salto para buscar la superación del conflicto. Ese esfuerzo terminó dramáticamente en la hoguera del Palacio de Justicia. La gente, con razón, no quería saber nada de los guerrilleros asaltantes.
Empero, el país apoyó a Barco cuando apenas cuatro años después firmó la paz con los insurgentes, aplaudió el nombramiento de Navarro en el gabinete de Gaviria y le dio al M-19, en votación popular, la tercera parte de la Constituyente.
El gobierno Gaviria intentó también aproximaciones con las Farc, que se rompieron cuando se divulgó la noticia de que el exministro Argelino Durán, hombre de una trayectoria política sin mácula, se les había muerto mientras lo mantenían en cautiverio.
Luego, la ciudadanía apoyó las gestiones de Ernesto Samper para llegar a acuerdos humanitarios con la guerrilla de las Farc. Y ni qué decir del llamado ‘voto por la paz’ de más de diez millones de personas, a pesar de que para entonces esta guerrilla había cometido muchos secuestros y asesinatos. No conviene olvidar tampoco el desfile mediático de todo el establecimiento por el Caguán durante la administración Pastrana, cuando eran conocidos los asesinatos y el involucramiento con el narcotráfico de la guerrilla. Por torpeza política de las Farc se frustró esa salida después del secuestro, en un avión de Aires, del hoy militante de ‘la U’ Eduardo Gechem.
El reciente censurable episodio del secuestro de los policías no puede magnificarse para buscar la ruptura de los diálogos de La Habana. Sabemos que los voceros de las Farc no son monjas de clausura sino individuos que le han hecho mucho daño al país. Pero recuérdese que también se lo han hecho los que Otto Morales llamó «enemigos agazapados de la paz». ¿Han resucitado?
Como se necesitan cordura, sensatez y realismo político para no ambientar la ruptura, convendría volver al estudio de Fernando Isaza y Diógenes Campos sobre el costo de la guerra. O la frase de Echandía: «Mejor entenderse echando lengua que echando plomo».
