El Ministerio Público abrió pliego de cargos contra dos oficiales que ejercieron como directores del centro de reclusión militar.
Cuatro años después de las denuncias de SEMANA acerca de los inexplicables beneficios con los que contaban los militares presos en el centro de reclusión castrense ubicado en la base de Tolemaida (Melgar, Tolima), la Procuraduría General de la Nación comenzó a tomar las primeras acciones en el campo disciplinario.
El Ministerio Público determinó formular pliego de cargos a los mayores del Ejército César Augusto Botía y Luis Carlos Burbano, que ejercieron como directores del penal entre el 2010 y el 2011, cuando la revista documentó los excesos de los uniformados condenados a varios años de cárcel por varios delitos, entre ellos las graves ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.
El procurador delegado para las Fuerzas Militares, Eduardo Campo Soto, determinó que la actuación de los oficiales se tradujo en privilegios para los mayores Juan Carlos Rodríguez y César Augusto Maldonado. El primero fue condenado a 40 años por los delitos de concierto para delinquir agravado, tortura en persona protegida por el DIH, desaparición forzada, secuestro y fraude procesal. Maldonado, por su parte, paga una pena de 30 años por el delito de homicidio.
En el documento de 46 páginas, el delegado analiza las conductas de los mayores Botía y Burbano en su condición de directores del penal y parafraseó a SEMANA: “El Centro de Reclusión de Tolemaida parecía más un ‘resort’ que un centro de reclusión”.
Continúa señalando que, por ello, “se vieron vulnerados los principios de la función pública en el desarrollo del cargo. Vulneraron los principios de la administración pública, especialmente el de la moralidad, la transparencia y responsabilidad”.
El representante del Ministerio público halló que “los directores del centro de reclusión permitieron que varios internos durmieran en sus casas fiscales varios días a la semana, sin tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos para dichos beneficio”.
Igualmente, dijo el texto, “autorizaron para que (los reclusos) trabajaran en diferentes tareas productivas dentro de la base de Tolemaida pero fuera del centro de reclusión, en horarios y días no permitidos”.
Según el expediente, el mayor Burbano “permitió visitas en días y horarios no permitidos y en un número superior al contemplado por la normatividad y la permisividad para que los internos Juan Carlos Rodríguez y César Augusto Maldonado no asistieran a los conteos”.
Además, dice el Ministerio Público, “dio autorización para que algunos internos implementaran cultivos de plátano, con sus propios recursos e insumos, constituyéndose en una actividad con ánimo de lucro totalmente prohibida”.
Otro aspecto que cuestiona la Procuraduría es el relacionado con los privilegios de algunos militares para su alojamiento. “Se constató que varios militares en retiro en distintas oportunidades no estaban recluidos en las celdas acondicionadas para mantener bajo custodia a los integrantes del Ejército que han sido enjuiciados por la justicia. Estaban en una de las cabañas de la base militar destinadas para el descanso de los oficiales y de sus familias”, puntualizó.
El Ministerio Público calificó la falta como culpa grave, lo que les representa a ambos oficiales procesados, si se llega a demostrar su responsabilidad, la destitución y una inhabilidad por 10 años para ejercer funciones públicas.
