Al mediodía de este miércoles, en una rueda de prensa, el procurador Alejandro Ordóñez le responderá a la Corte Constitucional, que a través de un fallo de tutela le ordenó rectificar las posiciones y directrices que ha expresado en contra del aborto y de la píldora del día después. (Lea: ‘El Procurador tiene que acatar lo que la Corte le ordena’: Santos).
Durante el pronunciamiento, el Procurador, según pudo establecer ELTIEMPO.COM, estará acompañado de todo su equipo de trabajo, incluidos los 32 procuradores delegados.
El jefe del Ministerio Público hablará del tema justo cuando se cumplen las 48 horas que el alto tribunal le dio en un fallo de tutela a favor de 1.280 mujeres que argumentaron que seis directrices y afirmaciones que Ordóñez y dos de sus delegadas hicieron entre noviembre del 2009 y marzo del 2011 afectaron el derecho a abortar en los tres casos despenalizados: violación, malformación del feto y riesgo de vida de la madre.
La decisión de la Corte generó la renuncia de las procuradoras Ilva Miriam Hoyos y María Eugenia Carreño.
Los llamados al Procurador para que acate el fallo se han visto desde todos los flancos.
El presidente Juan Manuel Santos le pidió este martes «acatar lo ordenado por la Corte». «El Procurador es el encargado de disciplinar a los funcionarios públicos. Mal haría yo, como Jefe de Estado, al incentivar la indisciplina», dijo el mandatario.
Y el senador Hernán Andrade, vocero de los conservadores, señaló que «el Procurador está llamado a cumplir fielmente los dictados de la Constitución, las leyes y los jueces, y nosotros, como conservadores, respetuosos del orden y la disciplina, esperamos que lo haga en este caso».
El exvicefiscal Francisco José Sintura explicó que aunque Ordóñez puede interponer una acción de nulidad, eso no suspende ni aplaza el cumplimiento del fallo.
Por su parte, el exmagistrado José Gregorio Hernández dijo que «la ley es clara; quien no cumple un fallo de tutela puede ser arrestado hasta por seis meses».
Lo que debe rectificar Ordoñez
Según la Corte Suprema, el Procurador «faltó a la verdad y se extralimitó en sus funciones» en lo dicho en un comunicado emitido el 21 de noviembre del 2009 al asegurar que las campañas de promoción de los derechos sexuales de las mujeres eran «campañas masivas de promoción del aborto».
Un mes después en declaraciones a los medios de comunicación, según el alto tribunal, volvió a tergiversar decisiones de la Corte al afirmar que el medicamento de anticoncepción oral de emergencia era abortivo cuando la Organización mundial de la Salud y el consejo de Estado lo han catalogado en su jurispridencia como un anticonceptivo.
Tampoco fue verídica su afirmación, dice la Corte, de que el uso de ese medicamento es restringido únicamente a las causales de aborto despenalizadas y que era un delito usarlo en otros casos diferentes.
La Corte censura igualmente cuatro circulares en la que el procurador y su delegada para la Niñez y la Familia, Ilva Miriam Hoyos, obstaculizaron los procedimientos que el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud) y la Superintendencia de Salud implementaron para que los hospitales y las EPS cumplieran con la interrupción del embarazo en los casos permitidos sin ningún obstáculo.
Por estos hechos, las procuradoras de Infancia y Adolescencia, Ilva Miriam Hoyos, y de Función Pública, María Eugenia Carreño, pusieron su renuncia a consideración del Procurador.
