Con ese argumento, Alejandro Ordóñez busca la nulidad del fallo que le ordenó rectificar.
En 167 páginas radicadas ante la Corte el lunes 24 de septiembre, la Procuraduría va más allá de los argumentos jurídicos con los que ha defendido la polémica posición de Ordóñez frente al tema. Asegura que fue víctima de una «estrategia de litigio y de medios de comunicación» que afectó su independencia.
Según la funcionaria, tres magistrados -Humberto Sierra, Ernesto Vargas y María Victoria Calle, que integraban la Sala Octava de Revisión de Tutela- permitieron que ese plan tuviera éxito, a pesar de que estaban enterados de los contraargumentos de la Procuraduría.
«So pretexto de defender los derechos fundamentales en una acción de tutela, se orquestó una estrategia de litigio y de medios de comunicación que afectó en todas sus proporciones al Estado Social de Derecho, así como el derecho al acceso a la administración de justicia», dice el documento.
Para la Procuraduría, no había víctimas ni derechos fundamentales violados, por lo que supuestamente no procedía la tutela.
Castañeda argumenta que una de las 1.280 mujeres que presentaron la tutela, la abogada Mónica Roa, admitió públicamente en Washington (en noviembre pasado) que fue imposible encontrar a una mujer que pudiera probar un daño atribuible a la Procuraduría por no haber recibido los servicios médicos frente a uno de los tres casos de aborto despenalizados.
Esa situación, agregó, obligó a Roa a cambiar la estrategia, por lo que convocó a 1.200 mujeres dispuestas a declarar que el procurador Ordóñez y dos de sus delegadas habían violado sus derechos a la información. Eso se demostraría, dice, si la Sala de Tutela hubiera examinado la forma como se eligió y se agrupó a las mujeres.
La abogada Mónica Roa le dijo a EL TIEMPO que la fundación que representa planifica de manera rigurosa todo trabajo o estrategia jurídica que emprende en beneficio del interés común, y que en este asunto lo que se planificó fue la vía legal más certera para presentar el caso.
Agregó que siempre hubo víctimas y derechos fundamentales violados.
REDACCIÓN JUSTICIA