“No solamente es un llamado de atención, sino que nosotros creemos que eso se tendrá que judicializar”, precisó el jefe del Ministerio Público, haciendo referencia al hecho de que se debe establecer en qué delitos incurrieron estas personas durante los graves hechos de orden público que se registraron en el norte del Cauca.
Ordóñez Maldonado anunció que el Gobierno no puede entrar negociar con ellos porque han cometido un delito. “Se les respetar sus creencias pero tiene que ser judicializados como cualquier persona”, afirmó.
El Procurador General manifestó que las autonomías y los estatutos que protegen a los grupos étnicos se deben respetar, “pero no se puede poner en entredicho la soberanía del Estado para agredir, agraviar y causar lesiones a los funcionarios de la Fuerza Pública”.
“La Procuraduría está muy interesada en proteger los derechos de los indígenas. Las lesiones sufridas por algunos de ellos e incluso la muerte de alguno de ellos está siendo objeto de agencias especiales para intervenir en esas diligencias previas para saber las responsabilidades en estos hechos”, aclaró.
En este sentido indicó que la Constitución ordena que las personas que incurran en un delito deben ser sancionadas, “no podemos parcelar el estado ni consensuar el ejercicio de la autoridad. Ello es una necesidad pública y social, nadie puede decir donde se aplica».
“Hay una realidad sociológica. Pero no se puede negociar ni la legalidad ni el cumplimiento de la ley”, aclaró.
