Las continuas denuncias por fallas en las condiciones laborales y de seguridad de los erradicadores manuales de cultivos hicieron que la Procuraduría lanzara un mensaje de advertencia al Gobierno para mejorar la situación de estos trabajadores.
En un informe de 60 páginas, la Delegada Preventiva para los Derechos Humanos reconoció los éxitos del programa -clave en la lucha contra el narcotráfico- y sus resultados, pero advirtió a las entidades encargadas que es necesario activar medidas para evitar la violación de los derechos de los erradicadores manuales.
Según el organismo de control, estas personas cumplen su labor expuestas a riesgos en su integridad y, al parecer, en ocasiones no han sido protegidas debidamente por la Fuerza Pública.
Lo evidencian, agrega el informe, unas 22 demandas que enfrenta la Nación por una suma superior a 24.000 millones de pesos en las que se alegan fallas en la liquidación de los derechos prestacionales y de seguridad social de estas personas.
Los demandantes, en su mayoría, son grupos familiares de algunos de los 255 erradicadores que han muerto, desde hace ocho años (tiempo que lleva el programa) por la activación de minas antipersonas, la acción de francotiradores de los grupos armados ilegales o las emboscadas de la guerrilla, que han declarado objetivo militar las actividades realizadas por estos trabajadores.
«Es evidente que el conflicto armado aún representa un riesgo para los erradicadores (…). El Estado no puede desconocer su deber de garante; está obligado a prevenir todo daño a estos civiles y aplicar medidas preventivas o razonables de protección», señala el informe.
La seguridad de los erradicadores se presta mediante el despliegue de anillos militares y de la Policía en el área. Adicionalmente, cada grupo cuenta con una unidad de expertos en explosivos.
El estudio del Ministerio Público critica igualmente que la función de los expertos de la Fuerza Pública en detección de minas se realiza sobre la marcha y en forma simultánea a la labor de erradicación.
«No existe certeza de que la zona para ser erradicada se encuentra libre de sospecha y limpia de artefactos (a la llegada de los erradicadores)», señala.
La vinculación de estas personas se hace por intermedio de una empresa temporal llamada Empleamos S. A., la única que ha atendido las diversas convocatorias que Acción Social -la entidad del Estado encargada del programa- ha realizado desde el 2006. Antes, los erradicadores no contaban con ningún sueldo ni prestaciones, solo recibían un incentivo económico.
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12327428.html
