El Ministerio Público consideró que el funcionario militar sabía que se estaba extralimitando en sus funciones.
Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, un representante de la Procuraduría General pidió que se emita fallo condenatorio en contra del juez Primero de División del Ejército, mayor (r) Mauricio Cujar Gutiérrez por las irregularidades en las que incurrió al solicitar el proceso que se adelantaba contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
En su intervención, el representante del Ministerio Público se indicó que el juez militar era consciente que no tenía las facultades para promover la colisión de competencias en el proceso judicial que se adelantaba contra el excomandante de la Escuela de Caballería quien era procesado por el delito de desaparición forzada.
En este sentido se indicó que “sabía que no se podía hacer y por el contrario lo hizo” señalando que incurrió en una extralimitación de sus funciones puesto que dada su formación académica y profesional conocía de su competencia y poder para actuar.
Igualmente, el pasado 12 de febrero, la Fiscalía General le manifestó al magistrado que existen testimonios y pruebas documentales que indican que comprueban la responsabilidad del juez militar solicitó la competencia para juzgar al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, pese a que el proceso ya se encontraba en la justicia ordinaria.
En esa oportunidad, el juez primero de Instancia de Divisiones del Ejército le envió una solicitud a la Juez Tercera Especializada de Bogotá, para que aceptara el traspaso del proceso de su despacho a la justicia penal militar. (Ver Fiscalía pidió condena contra juez militar que reclamó proceso contra coronel Plazas Vega)
El mayor Cujar manifestó que los hechos por los que era investigado el excomandante de la Escuela de Caballería “fueron originadas en una operación militar”, precisando que el coronel Plazas Vega había tenido como principal misión durante la toma del Palacio de Justicia “trasladar los vehículos blindados” el 6 de noviembre de 1985 para rescatar a los rehenes sin embargo esta tesis fue rechazada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Esta actitud fue considerada por el fiscal del caso indicó que existe una prohibición expresa de que la justicia penal militar conozca los casos de desaparición forzada, por lo que el juez habría desconocido y omitido la Constitución Política de Colombia y el derecho internacional. (Ver Juez que reclamó proceso contra Plazas podría pagar 12 años de prisión)
Mientras que el representante del Ministerio de Defensa solicitó absolver al juez Cujar al considerar que la conducta del juez no causó ningún daño en el proceso. “El caso (del coronel Plazas Vega) concluyó enarbolando el honor de la justicia”.
En su intervención, los representantes de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia le solicitan al Tribunal Superior que imponga una “condena ejemplar” contra el juez pues con su actuar intentó afectar el desarrollo del proceso que se adelantaba. (Ver Acusan a juez militar que reclamó proceso contra coronel Plazas Vega)
En los argumentos expuestos se señaló que el juez violó la Convención Americana de los Derechos Humanos, aclarando que la justicia penal militar no podía conocer este caso puesto que ya en una oportunidad se había pronunciado en los hechos de la toma del Palacio de Justicia archivando la investigación.
