El listado que presentó el Ministerio Público ante ese tribunal internacional recoge casos de personas que fueron presuntamente secuestradas y nunca fueron liberadas.
Al tiempo que la Procuraduría entregaba a la Corte Penal Internacional una lista con 2.760 casos de desaparición forzada que aparentemente se atribuye a las FARC, el presidente Juan Manuel Santos advirtió el miércoles que la negociación con la guerrilla había entrado a su momento más complejo.
En su página en internet, la Procuraduría General dijo que entregó esos antecedentes en el despacho de Alejandro Ordóñez a delegados de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha expresado su preocupación porque eventualmente haya impunidad de llegar a sellarse un proceso de paz entre el Gobierno y las FARC.
Ordóñez indicó que el listado entregado a los funcionarios de la Corte "proviene del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que administra el Instituto de Medicina Legal, del cual hace parte el Ministerio Público, y es una base de datos oficial, reglada en la ley, que contiene información sobre víctimas y sus presuntos victimarios".
Según el reporte oficial, "existen 2.760 registros de casos de desaparición forzada, presuntamente, perpetrados por las FARC. De ese total, 1.200 ocurrieron desde el año 2002. Constan 6.690 casos desde ese año que no indican el posible autor, de los cuales un número importante correspondería a ese grupo al margen de la ley".
En concepto de la Procuraduría, no existen registros oficiales que den cuenta de sentencias condenatorias contra miembros de las FARC por el delito de desaparición forzada. "Preocupa al Ministerio Público que la impunidad en este caso es absoluta".
La mayoría de esos casos de desaparición forzada corresponde a personas que fueron secuestradas por esa guerrilla y que nunca fueron liberadas. Hace tres años las FARC anunciaron que proscribían la práctica del secuestro con fines extorsivos. El grupo guerrillero ha dicho reiteradamente que en la actualidad no tiene en su poder a secuestrados.
Ordóñez ha sido un duro crítico del proceso de negociación que desde fines del 2012 adelantan en Cuba delegados del gobierno y de las FARC.
El procurador le ha dicho públicamente al Ejecutivo que no se puede permitir que el mencionado grupo rebelde lave o legalice su dinero proveniente del narcotráfico o de delitos como el secuestro. Así mismo le ha pedido al Gobierno explicaciones sobre la posibilidad de que guerrilleros hagan parte de una futura policía o gendarmería rural, como lo dejó entrever el presidente en un reciente viaje a Francia.
A propósito del proceso de paz, Santos sostuvo en la jornada que se está entrando "al momento más complejo de las negociaciones" porque "la guerrilla no quiere ser la primera en la historia que entrega las armas para irse a la cárcel" y por eso, en su concepto, se debe "trazar la línea entre justicia y paz".
En consecuencia, explicó el mandatario, la comunidad internacional juega un papel importante "para darle legitimidad a cualquier solución que nos permita la paz".
Advirtió, sin embargo, que "al mismo tiempo el mundo de hoy es diferente y tenemos una legislación y una jurisprudencia nacional e internacional que no permiten los indultos y las amnistías de antaño".
Por eso se preguntó: "¿Cómo cuadrar ese círculo? Es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos".
Las FARC han dicho en diversas oportunidades que de firmar un acuerdo de paz con el Gobierno, en sus planes no está el que sus integrantes vayan a prisión.
