La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Corte Constitucional el primer informe de seguimiento a esta Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y advirtió que hay falencias en los esfuerzos en la construcción de herramientas y la implementación de políticas públicas idóneas para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas.
Dentro de las conclusiones más importantes que señala la Procuraduría en su primer informe es que a la fecha y después de 3 años de aplicada esta Ley son pocos los fallos de restitución de tierras que ordenan a la Fiscalía General de la Nación la apertura de una investigación penal derivada de los hechos narrados por las víctimas.
Asimismo el Ministerio Público advierte que hay poco acervo probatorio que fundamenta los argumentos de los fallos tal como lo ordena el literal T del artículo 91 de esta ley para adelantar estos procesos que beneficien a las víctimas.
De igual forma en los hallazgos que hizo la Procuraduría se muestra la preocupación porque tampoco existe un diálogo armónico entre los entes territoriales y el nivel nacional.
Para la Procuraduría es necesario fortalecer el presupuesto de los jueces de restitución de tierras y de los operadores judiciales de apoyo, para que se puedan desarrollar las diligencias correspondientes en estos temas que son importantes para este tipo de población.
La Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas, presidida por la Procuraduría General de la Nación, si bien existen escenarios de participación para las víctimas del conflicto armado, éstas no tienen una incidencia real en los procesos porque, entre otras cosas, desconocen el contenido de la ley.
