Se conocen nuevos detalles de la reforma que crearía un 'congresito' para implementar los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla.
Este martes el presidente Juan Manuel Santos sostuvo un encuentro con todos los congresistas del Partido Liberal. En poco más de dos horas pasó revista de algunos asuntos legislativos, pero el mandatario también reveló ante esta bancada nuevos detalles de la reforma que el país ha conocido como el 'congresito' para la paz.
El Gobierno dejó entrever la inmediatez con la que abrirá el debate sobre esta reforma, pues ya se están ultimando detalles de la redacción del proyecto de acto legislativo que será presentado antes de la primera quincena de septiembre.
Ese proyecto será el que cree una alta comisión legislativa, dentro del mismo Congreso, integrada por senadores y representantes de todos los partidos y en la que tendrían presencia voceros de las FARC.
Esta comisión será la encargada de implementar los acuerdos de paz a los que lleguen la guerrilla y el Gobierno en La Habana, especialmente los relacionados con temas de justicia transicional y participación política de los desmovilizados. El afán del Gobierno es que si se firma la paz en La Habana antes del 31 de diciembre, no tendría una pista para aterrizar los acuerdos.
Pero además del llamado 'congresito', el Gobierno también pretende incluir en el proyecto el diseño de los dos tribunales de justicia transicional que se encargarían de juzgar, uno a la guerrilla y el otro a los miembros de agentes del Estado.
Según reveló el senador Juan Manuel Galán, este proyecto establecería que el tribunal previsto para el juzgamiento de las FARC tenga participación miembros de la comunidad internacional. “Se pretende enviar un mensaje a la Corte Penal Internacional de que los delitos atroces no tendrán impunidad”, explicó.
El acto legislativo para preparar la implementación de los acuerdos de paz también se ocupará de definir la línea roja entre paz y justicia, y también incluiría las penas restaurativas con las que pagarían las FARC por sus delitos. La idea seguramente será rechazada por la guerrilla. El Gobierno ha insistido que el mecanismo para implementar los acuerdos sea definido de forma bilateral.
Pese a ello, el proyecto está a poco de ser definido y probablemente en las próximas dos semanas el Gobierno lo pondrá en discusión del Congreso.
