Hay dos formas de analizar la advertencia hecha esta semana por el representante de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, en torno a que a pesar de las alertas emitidas persisten las barreras de acceso a la salud en la región del Bajo Atrato chocoano, particularmente para los niños, niñas y adolescentes.
Se puede decir, de un lado, que la conclusión de la Misión que ambas entidades, en conjunto con la Acnur, adelantaron en la zona para evaluar el estado del sistema de salud, evidencia que pese a las múltiples medidas tomadas en los últimos años para superar la crisis departamental en este campo, los resultados han sido deficientes.
Una segunda lectura va dirigida a que, precisamente, el foco de la nueva Ley Estatutaria de Salud debe ponerse en el Chocó, en donde resulta una vergüenza para el Estado colombiano que se sigan registrando muertes de menores de edad por enfermedades claramente prevenibles y curables.
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