Quizá uno de los capítulos más sonados de la parapolítica es el del proyecto “Urabá grande, unido y en paz”, que tuvo como epicentro el Urabá antioqueño y cuya autoría se ha adjudicado Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, comandante del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas. Sus declaraciones en Justicia y Paz permitieron la condena de los congresistas Rubén Darío Quintero y Humberto Builes y de los representantes a la Cámara Manuel Darío Ávila, Jesús Enrique Doval y César Augusto Andrade, a quienes la Corte Suprema de Justicia encontró culpables de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, la captura de 32 líderes de Urabá por sus presuntos nexos con las autodefensas, efectuada el pasado 25 de agosto, ha encendido los ánimos en municipios como Turbo (Antioquia), donde cientos de personas se concentraron para pedir la liberación de los detenidos. En el evento, organizado por un comité regional creado tras las capturas, hicieron presencia el sacerdote de Turbo, Neil Quejada, y el diputado a la Asamblea de Antioquia Manuel Márquez.
En la zona crece la indignación por lo que algunos consideran una cacería de brujas contra la dirigencia política de Urabá, que admite haberse reunido con el Alemán durante la campaña electoral de 2002, pero bajo la presión de las armas. Tal habría sido el caso de Alberto Gómez Bello, un predicador que llegó al Concejo de Necoclí (Antioquia) con el aval del movimiento Alas Equipo Colombia. Norfidia Banquet, su esposa, cuenta que “una vez los paramilitares convocaron a todos los concejales a la finca La Virgen del Cobre y él se vio obligado a asistir, porque si no, le quitaban la vida”. Para Jairo Banquet, periodista de Apartadó procesado por estos hechos, “en Urabá no hubo parapolítica, sino sometimiento de un actor armado a la sociedad: empresarios, políticos, Fuerza Pública y Rama Judicial. Nos están dejando sin líderes, porque en los 80 los mataron, en los 90 los desplazaron o se exiliaron y a los que sacamos la cara en 2000 nos pusieron presos”.
Uno de los capturados que más simpatías despierta es el alcalde de Turbo, William Palacio, considerado el “nuevo barón político de Urabá”. Bajo el paraguas del detenido exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, Palacio consiguió en 2003 la Alcaldía de Turbo y en 2011 llegó nuevamente a ese cargo gracias a su propio movimiento cívico. Julio Salazar, asesor del alcalde, insiste en que, a diferencia de otros capturados, él jamás se reunió con el Alemán y que el candidato de los paramilitares en 2003 era Alberto Jiménez, del Partido Liberal, hoy condenado. Según él, “para esa época el bloque Élmer Cárdenas tenía jurisdicción en los corregimientos San Vicente del Congo, San José de Mulatos y Alto de Mulatos, al norte, y en la zona Panamericana, al sur. Allí nosotros perdimos estrepitosamente contra Jiménez, que también recibió apoyo en el área urbana por parte del bloque Bananero”.
Más allá de quién se haya reunido o beneficiado políticamente del Alemán, la controversia que hoy se plantea en Urabá gira alrededor de quién fue el artífice del proyecto político regional de 2002, con el que se obtuvo una curul en la Cámara y otra en el Senado. Líderes de la zona afirman que “Urabá grande, unido y en paz” fue una iniciativa propia y no un hijo del paramilitarismo. Como prueba de ello, reivindican otros procesos de unidad política con los que buscaron obtener representación, entre los que se cuenta el de 1998, cuando eligieron a Jaime Gallo como candidato al Senado y definieron una lista para la Cámara integrada por Manuel Morales, en representación de Turbo; Amador Caicedo, de Chigorodó; Santiago Santacruz, de Apartadó, y Gregorio Chávez, de Carepa. Asimismo, la alianza entre Esperanza, Paz y Libertad —el movimiento político que surgió tras la desmovilización del Epl— y el Partido Liberal para llegar a la Asamblea de Antioquia en las elecciones de 2000, cuyos candidatos fueron Gerardo Vega y José Hidalgo Banguero, hoy detenido.
Según Manuel Morales, condenado por parapolítica, “el problema es que para la Fiscalía y la Corte Suprema el Alemán fue el ideólogo del proyecto político regional y eso es falso. Él simplemente nos animaba para que sacáramos la región adelante y creía que a través de congresistas eso se podía lograr”. Sin embargo, esa versión fue rechazada por el alto tribunal en el fallo contra los excongresistas Ávila, Doval y Andrade, en el que aseguró que “está probado por encima de duda que el movimiento político del Urabá fue controlado y dominado por paramilitares, bajo el comando de Fredy Rendón, porque él así lo dijo y la Corte le cree”. Además, porque sus declaraciones fueron respaldadas por Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, comandante del frente Árlex Hurtado, y por Hebert Veloza, alias H.H., del bloque Bananero, entre otros testigos que hicieron parte de la campaña electoral.
Igualmente, sobre la voluntad de los congresistas para relacionarse con las autodefensas, la Corte aseveró que ellos “tuvieron y contemplaron la opción de estar al margen de grupos paramilitares y sin embargo se inmiscuyeron con ellos para crecer políticamente”. Asimismo, en la sentencia contra Humberto Builes, el alto tribunal aseguró que la “toma de la política por los paramilitares no pudo pasar sin la participación de los políticos”. Lo cierto es que mientras la justicia define la situación de los nuevos capturados, en Urabá se anuncian nuevas movilizaciones y acciones judiciales para presionar la liberación de quienes consideran han construido institucionalidad. Pese a ello, es innegable que el paramilitarismo tocó todas las fibras de la vida pública y privada en Urabá y que el Alemán cooptó el escenario político con el fin de obtener beneficios durante el proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe.
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