El mandatario señaló durante la inauguración de Agroexpo, que las vías de hecho no pueden obligar al Estado a tomar decisiones que tienen consecuencias en todo el territorio.
El presidente Juan Manuel Santos aprovechó la inauguración de Agroexpo para referirse a la crisis que se presenta en el Catatumbo por cuenta de las protestas campesinas.
Durante su intervención señaló que «Quiero aprovechar esta oportunidad para decir un par de cosas sobre el Catatumbo. La situación del Catatumbo tiene su origen en problemas de vieja data y en otros más recientes».
Santos agregó que »Los viejos problemas son los que todos conocemos: una debilísima presencia histórica del Estado y una actividad muy fuerte de los grupos armados ilegales y del narcotráfico que han dificultado inmensamente la entrada de planes de desarrollo».
El mandatario señaló que su gobierno viene haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de los habitantes del Catatumbo. »Digo esto no como una justificación. El gobierno va a hacer todo lo posible para asegurar que esos planes lleguen y que los derechos de los habitantes del Catatumbo sean atendidos como se merecen».
Santos también reconoció la responsabilidad del Estado durante la erradicación de cultivos ilícitos y afirmó que «se hizo una erradicación de cultivos ilícitos sin la adecuada coordinación con los planes de desarrollo alternativo como ha debido suceder. Eso no puede ocurrir y tenemos que revisar nuestra estrategia no solamente en el Catatumbo, sino para todas las demás regiones donde estamos erradicando y erradicando mucha efectividad».
Aquí un aparte de la intervención del presidente Juan Manuel Santos.
Una cosa es trabajar con los campesinos para mejorar sus condiciones de vida con diferentes planes y programas y en general trabajar con las comunidades y las autoridades locales para darle un vuelco a la situación de la región que es lo que queremos y lo que vamos a hacer.
Para eso no tenemos que esperar a que se llegue un acuerdo en La Habana. Como ya anunciamos, estamos ejecutando más de 2 billones de pesos para cumplir con la población de esta región tan necesitada. Eso es trabajo constructivo.
Otra cosa muy distinta es tratar de aprovecharse, de cooptar este descontento, muchas veces justificado del campesinado de esa región y su derecho a la protesta social para por vías de hecho intentar obligar al Estado a tomar decisiones administrativas con consecuencias jurídicas sobre todo el territorio. Que es lo que se pretende con la introducción en la discusión de las zonas de reserva campesina.
Las zonas de reserva campesina son un instrumento legítimo de desarrollo rural que tiene su respaldo en la ley, pero como en todo Estado de Derecho se tienen que surtir primero unos procedimientos para que, al final, las instituciones correspondientes tomen la decisión administrativa de darle un reconocimiento a la zona con las consecuencias jurídicas que ello tiene.
A esa decisión, óigase bien, a esa decisión no se puede llegar por la presión de las vías de hecho. Por eso quiero ser muy claro y muy contundente. Eso no va a suceder. Eso no lo vamos a permitir. Tenemos toda la disposición para acordar programas con los campesinos pero no vamos a poner en juego la autoridad del Estado y la seguridad de los colombianos. Y que quede muy claro.
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