El excongresista se declaró inocente del delito de constreñimiento al elector.
Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el excongresista Miguel de la Espriella rechazó las acusaciones hechas en su contra y se declaró inocente del delito de constreñimiento al elector en varias regiones de Córdoba por el que ahora es investigado.
El exsenador, quien ya pagó una pena de 8 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado por sus nexos con grupos paramilitares, indicó que pese a esto nunca necesitó del apoyo armado de dicho grupo para llegar al Senado de la República. (Ver Miguel De la Espriella se acogió a sentencia anticipada)
De la Espriella le pidió perdón a la sociedad explicando que solamente tuvo un compromiso con los grupos paramilitares que operaban en la región comandados por Salvatore Mancuso el cual era “darlela principal punzada a un proceso de paz entre el Gobierno y dicho grupo armado ilegal y lograr los primeros pasos para una eventual desmovilización”.
En su intervención el excongresista indicó que viene de una familia política en el norte del país, por lo que nunca necesitó del apoyo de dicho grupo armado ilegal con el fin de llegar al Congreso de la República por lo que rechazó los cargos planteados en su contra.
“No tuve ningún beneficio patrimonial, ni electoral. No se comprometieron a nada conmigo”, precisó De la Espriella al indicar que en su campaña en 2002 recibió 12 mil votos en diferentes regiones del país sin contar los del departamento de Córdoba, su fortín político.
El excongresista es investigado por presuntamente haber presionado junto a los paramilitares a un grupo de electores y líderes políticos en los departamentos de Córdoba y Sucre.
Según el alto tribunal, el exsenador De la Espriella no solo se habría comprometido a apoyar el proyecto paramilitar en el Congreso, sino que también se habría aliado con estos grupos para inclinar la votación a su favor.
El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso señaló al exsenador de haberle solicitado al grupo armado ilegal apoyo en el proceso electoral en las regiones que tenían controladas. (Ver »Uribe sabía del apoyo de las Auc»: Mancuso)
El exsenador fue el primer condenado por el llamado Pacto de Ralito, después de que se acogiera a sentencia anticipada al aceptar su participación en el delito de concierto para delinquir dentro del llamado proceso de la parapolítica.
Por estos mismos hechos, en 2010, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó con 20 años para ejercer cargos públicos. (Ver Dos excongresistas condenados por «parapolítica» le deberán pedir perdón a la sociedad)
