La entrega de la exdirectora del DAS a la Justicia genera expectativas sobre si revelará quién le dio la orden de las chuzadas.
Al ver en televisión la llegada de María del Pilar Hurtado a Colombia no deja de llamar la atención que ella sea el personaje clave en el mayor escándalo de espionaje que recuerde el país. Su aspecto de mujer sencilla, con cola de caballo, vestimenta desaliñada y morral al hombro no la hacían ver como la jefa de la seguridad de un país convulsionado. Y sin embargo, bajo su dirección tuvieron lugar hechos que no solo pueden costarle a ella muchos años de cárcel sino que puede arrastrar también al primer anillo del gobierno anterior y al mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La hoja de vida de esta mujer menuda y sin pretensiones era impecable hasta que llegó a la cabeza del DAS. Había sido colaboradora cercana de los exalcaldes Enrique Peñalosa y Antanas Mockus y del exsecretario privado de la Presidencia, Gabriel Mesa. Todos ellos atestiguan que era una funcionaria diligente y responsable que se caracterizaba por ejecutar a la perfección cualquier tarea que se le encomendara. En esa descripción se puede vislumbrar un poco la razón por la cual se encuentra hoy en el ojo del huracán. Se trataba de una personalidad óptima para ser la coordinadora administrativa de cualquier entidad, pero definitivamente no para ser la cabeza del organismo de inteligencia más importante del país. De por sí, fue la primera mujer en el continente a quien se le asignó esa responsabilidad. En las películas de James Bond la actriz Judie Dench interpreta ese papel con el nombre código de M, pero eso es Hollywood. En la vida real, por lo general quienes manejan los servicios de inteligencia son militares o personajes curtidos en actividades y submundos totalmente ajenos a lo que había sido la vida de María del Pilar Hurtado.
En este momento esta mujer está acusada de los siguientes delitos: concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. A ese prontuario llegó porque la Fiscalía la considera culpable de hacerles espionaje y seguimientos a políticos de oposición como Gustavo Petro y Piedad Córdoba, a periodistas como Daniel Coronell y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los subalternos de la doctora Hurtado que incurrieron en estos delitos la denunciaron a ella como la persona que dio las órdenes. Su jefe de inteligencia y el jefe de contrainteligencia fueron condenados a nueve años de cárcel tras haber confesado que espiaron ilegalmente bajo su dirección. Otros nueve directivos del DAS, que también confesaron, están hoy tras las rejas. Ante este panorama, la funcionaria enfrenta penas de cárcel de 15 a 22 años. Consciente de esto se fugó a Panamá donde el presidente Uribe le consiguió asilo político y la convirtió en protegida del entonces presidente Ricardo Martinelli.
Con la llegada al poder de Juan Carlos Varela las cosas cambiaron. Hoy el que está en vísperas de buscar asilo político es Martinelli, quien se fugó de su país por acusaciones de corrupción. Sin protección presidencial y con la circular roja de Interpol por medio de la cual podía ser detenida en cualquier aeropuerto del mundo, la señora Hurtado optó por tirar la toalla. Cansada de esconderse, sin un peso con qué vivir, reconoció que había perdido la batalla y decidió entregarse.
Su entrega no sería tan espectacular si no fuera porque ella es el eslabón perdido entre el espionaje ilegal y los autores intelectuales del mismo. Nadie ha pensado que las interceptaciones y seguimientos a Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hayan sido decisiones tomadas por ella por iniciativa propia. Hasta ahora se sabía que en su declaración solo había mencionado al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, quien está a la espera de conocer la sentencia de la Corte Suprema.
No obstante, para la Fiscalía hay indicios de que Moreno no era el único que estaba al tanto de esas operaciones clandestinas en la Casa de Nariño. En el abanico de posibles conocedores del tema han sonado los nombres del secretario jurídico Edmundo del Castillo, el secretario privado del presidente Jorge Mario Eastman, el jefe de Prensa de la Presidencia César Mauricio Velásquez, el asesor José Obdulio Gaviria y el propio presidente Álvaro Uribe Vélez. Es muy probable que no todas estas personas hayan participado en esos episodios pero lo que es un hecho es que la doctora Hurtado sabe quién sí y quién no. Por eso el fiscal Montealegre y el vicefiscal Perdomo han dejado saber que ante una colaboración eficaz ella podría obtener beneficios sustanciales en su condena, que por lo menos en teoría podrían llegar hasta casa por cárcel.
Esto no ha sido bien visto por el Centro Democrático que ve detrás de semejante generosidad garras antiuribistas al acecho. Igualmente algunos juristas aseguran que beneficios de esa naturaleza no se pueden otorgar a un reo ausente. De ser así, todos los prófugos de la Justicia se jugarían esa carta sabiendo que en el peor de los casos acaban negociando su pena en las mismas condiciones en que lo habrían hecho si no se hubieran fugado. Sin embargo, la Fiscalía considera que en aras de la verdad esa oferta se justifica.
En todo caso mientras se define cuál es la realidad jurídica de ese debate, el abogado de la doctora María del Pilar Hurtado ha notificado que no busca rebaja de penas. Esa es solamente una estrategia para dejar claro que hasta que su clienta no sepa en forma definitiva cuál será su condena no va a abrir la boca. Pero que tan pronto esta quede en firme comenzará el tire y afloje. La expectativa gira alrededor de si la exdirectora del DAS va a mencionar el nombre de Álvaro Uribe Vélez. El hoy liquidado DAS era un organismo que dependía directamente de la Presidencia de la República, lo cual lo diferenciaba de las otras agencias de inteligencia.
El expresidente ha liderado la defensa de Hurtado ante la opinión pública con el argumento de que los seguimientos que se llevaron a cabo eran justificables por razones de seguridad nacional. Según esta tesis, el espionaje a opositores del gobierno como Piedad Córdoba y Gustavo Petro era justificable dados los supuestos nexos que pudieran tener estas personas con gobiernos amigos de la subversión como el de Venezuela. Como ejemplo de esos excesos Uribe mencionó que en una intervención en México Piedad Córdoba había llegado a insinuar la conveniencia de un golpe de Estado en Colombia. En cuanto al espionaje a los magistrados de la Corte Suprema, se invocó que había indicios de supuestos vínculos de algunos de ellos con personajes controvertidos como los empresarios Ascencio Reyes y Giorgio Sale.
El argumento de la seguridad nacional tiene falencias graves. La primera es que el espionaje se llevó a cabo en forma ilegal pues las interceptaciones no contaban con la orden de un juez. Y la segunda es que la mayoría de las víctimas del espionaje no tenían nada que ver con la seguridad nacional. En esta última categoría estarían el periodista Daniel Coronell, los jefes de la oposición política y defensores de derechos humanos. Por otra parte, estaban las grabaciones que se hicieron de las sesiones a puerta cerrada de la Corte Suprema de Justicia a través de la señora de los tintos que había sido reclutada por los espías del Das.
Coronell no estaba poniendo en peligro la seguridad del Estado. Lo que sucedía era que sus columnas se habían convertido en críticas a los negocios de los hijos del expresidente en relación con la adjudicación de una zona franca. Y en cuanto a la Corte, poner una grabadora escondida debajo de la mesa de reuniones no tiene nada que ver con la supuesta búsqueda de vínculos entre magistrados y personajes sospechosos. Eso solo sirve para escuchar el contenido de las deliberaciones de esa corporación que son materia reservada y confidencial. Como en ese momento estaban bajo estudio varios casos de parapolítica, incluyendo el del primo del presidente Mario Uribe, se podría deducir que el espionaje era para conocer el desarrollo de esos procesos. Lo que es claro es que en las discusiones internas de la Corte Suprema de Justicia no se atenta contra la seguridad nacional.
No se sabe aún cuál será el contenido de la colaboración con la Justicia de María del Pilar Hurtado cuando llegue el momento de negociar su pena. Los magistrados que han sido objeto de seguimientos, como el expresidente de la Corte César Julio Valencia Copete, quieren sangre uribista. Hay dos indicios de alguna posible responsabilidad del expresidente en este asunto.
Según el noticiero Noticias Uno, cuando la señora Hurtado viajaba de Panamá a Colombia a enfrentar la Justicia le habría dicho en el avión al director del CTI, Julián Quintana, y al director de la Dijin, general Jorge Rodríguez, que en Panamá alguien se había metido a su apartamento y le había robado un computador portátil donde estaban los correos relacionados con este caso que ella había recibido de parte del expresidente Uribe. Por otra parte, en su columna de la semana pasada, Daniel Coronell relata cómo Hurtado “me dijo que el presidente Álvaro Uribe había prometido llenarla de contratos pero que al final solo dos se habían concretado. También me reveló que el propio Uribe le venía sugiriendo que buscara asilo político”.
Ninguno de esos testimonios es considerado una prueba pues son de terceros y no de la propia María del Pilar. Para que la situación llegue a involucrar penalmente al exmandatario se requeriría que la señora Hurtado lo denunciara ante la Justicia con hechos o pruebas concretas. Ella y el expresidente Uribe tenían una muy buena relación, pero ante el calvario que ha vivido, Hurtado se considera abandonada por todo el mundo. Sin embargo, los dos consideran que las actividades que se llevaron a cabo en el DAS son las que corresponden a un organismo de seguridad. También dan por hecho que hay una persecución antiuribista y una politización de la Justicia alrededor del tema.
Aun así, la lealtad de la gente muchas veces termina cuando se llega a las escaleras de la Fiscalía. Si la señora Hurtado estaba siguiendo órdenes y su condena se puede reducir de 15 años de cárcel en el Buen Pastor a cinco o siete años de detención domiciliaria, es muy difícil que no cuente quién le dio la orden. Ese es el gran dilema que seguramente enfrenta esta mujer en este momento. A todo esto se suma otro problema. La dirección del DAS es un cargo que tiene fuero. Eso quiere decir que al igual que otros funcionarios como los ministros, los generales y jefes de departamentos administrativos no puede ser juzgada por la Justicia ordinaria sino por la Corte Suprema de Justicia. Y esa Corte quiere pasarle cuenta de cobro al expresidente Uribe por el espionaje ilegal del que fue objeto. Algunos magistrados como César Julio Valencia Copete aseguran que no solo les hicieron seguimiento a ellos sino también a sus hijos y a sus esposas. Y aunque él ya no está en ese cuerpo colegiado su resentimiento es compartido por algunos de sus colegas de esa época que todavía están allá.
Si María del Pilar Hurtado llega a decir que recibió órdenes del expresidente Álvaro Uribe, la situación sería bastante paradójica. Él también tiene fuero como expresidente, pero las instancias que tendría en un proceso en su contra son más complejas. Su caso tendría que llegar primero a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que es la única que podría investigar y acusar a un expresidente. Y si llegara a hacerlo tendría que ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, y es aquí donde el cuento se vuelve interesante.
La Corte quiere condenarlo, pero no hay la menor posibilidad de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara lo acuse ante esta. Esa comisión es una instancia política –que nunca ha finalizado una investigación– y en la cual la mayoría no considera pecado mortal cualquier cosa que el expresidente hubiera podido hacer en relación con este caso. Y eso mismo pasa ante la mayoría de la opinión pública que recuerda más a Uribe como el hombre que arrinconó a la guerrilla que como el ‘chuzador’ de políticos, periodistas y magistrados. Si María del Pilar Hurtado llega a decir que el presidente le dio las órdenes y este se viera envuelto en un proceso penal, se presentaría una ola de indignación a su favor que no solo fortalecería su imagen sino que le haría daño a la del presidente Santos. Por lo tanto, independientemente de si dio o no las órdenes de espionaje, a Uribe no le va a pasar nada.
A la que sí le va a pasar es a María del Pilar Hurtado. Ella era una persona con una hoja de vida limpia que fue nombrada en un cargo por encima de sus capacidades. Si es verdad que lo que hizo fue por órdenes de Uribe, seguramente pensó que por provenir del presidente de la República era legal. Nadie cuestiona una orden de la Casa de Nariño. Su mala suerte es que todo eso sucedió en una coyuntura de choque de trenes entre la Presidencia de la República y la rama judicial. Por cuenta de las investigaciones sobre la parapolítica el entonces presidente Uribe se sintió perseguido y reaccionó ferozmente contra la Corte Suprema de Justicia. A la señora Hurtado, para su mala suerte, le tocó ser punta de lanza –o carne de cañón– en esa guerra.
http://www.semana.com/nacion/articulo/que-dira-maria-del-pilar-hurtado/417127-3
