La culpa reside, en parte, en la misma Corte Constitucional, que no aclaró el sentido de sus palabras en un tema que genera tantas posiciones encontradas. La confusión (y las largas y absurdas interpretaciones) vienen desde ahí. Decidió, mejor, pasarle esa “papa caliente” al Congreso de la República, para que reglamentara el tema de una forma más precisa en un tiempo determinado. Aplaudimos, eso sí, la valentía de la Corte, al menos en dejar abierta (y obligatoria) la posibilidad. El problema fue que el Legislativo no lo hizo.
Y no lo hizo por razones que harto expusimos aquí y que calificamos como ridículas. La verdad, votó en contra solo por el miedo: el de construir una sociedad distinta a la que conocemos, en que las opciones de vida diferentes queden a la par de las que se construyeron hace siglos. La insistencia ciudadana no sirvió de nada. Tampoco la razón de los argumentos.
Ahora, la palabra la tienen los notarios. Y con ella la decisión de hacer un país distinto. Sin embargo, sus acciones desde ya tienen una sombra muy grande encima.
No han sido solamente las palabras que el procurador Alejandro Ordóñez ha pronunciado, casi en tono de amenaza (y de supuesta salvaguarda de derechos, como el de la objeción de conciencia), sino por la irritante desprotección del superintendente de Notariado y Registro, quien, ante la pregunta de si este próximo trámite es o no un matrimonio, responde: “no puedo opinar al respecto. Hemos dado total autonomía a los notarios para la interpretación”. La disparidad, entonces.
Y, encima, está la posición de la Iglesia Católica, que parece más poderosa que la ley en un Estado que se llama a sí mismo laico: “Ellos no pueden pretender derechos a los cuales no tienen ningún derecho”, dice tautológicamente, de las parejas del mismo sexo que se quieren casar, el cardenal Rubén Salazar. Y que eso no es discriminar. Bajo esa obtusa teoría, cardenal, nunca le habríamos dado el voto a la mujer. Nunca habríamos abolido la esclavitud.
Más allá de todo este palabrerío absurdo, reside una pregunta de fondo: ¿qué harán los notarios? ¿Qué clase de vínculo es el que empezarán a formalizar a partir de hoy?
Han salido a decir algunos que lo más conveniente es un contrato distinto al matrimonio que solemnice esa voluntad. Eso, señores, eso de crear una institución distinta para personas que consideramos en el papel iguales, se llama discriminar. Es más, se llama legalizar la discriminación. No puede el Estado, a través de su aparato legal, crear diferenciaciones simplemente por la orientación sexual de alguien. Es un mandato constitucional que no puede ser transgredido.
El verdadero sentido que tiene el mandato de la Corte, a nuestro modo de ver, es casar a las parejas del mismo sexo para que, por fin, tengan los mismos derechos y deberes de las parejas heterosexuales. Cuando hablamos en este terreno, ya podemos llamar “matrimonio igualitario” a esa unión. Antes no.
Que los casen sin miedo, entonces.
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