Así, Santoyo se movió en la justicia estadounidense de un delito a otro: de ser imputado por sus presuntas alianzas con la Oficina de Envigado para traficar drogas ilícitas, pasó a ser uno de los involucrados en ese silencioso pacto que se gestó entre servidores públicos y grupos armados al margen de la ley.
El hecho es que Mauricio Santoyo ha aceptado haber sido parte de esa macabra alianza. No se trata esta vez de un paramilitar o un delincuente cualquiera que aceptó su relación con el poder estatal colombiano, sino de un general que tenía cómoda participación en la Casa de Nariño: nada menos, el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hasta allá llegó, entonces, el poder del paramilitarismo y la mafia. Hasta el tope de lo institucionalmente posible.
Allá llegó, pero no sobra recalcar que Santoyo fue ascendiendo de forma silenciosa por todo el aparato policial pese a que, por ejemplo, fuera destituido en 2003 por la Procuraduría General de la Nación, por cuenta de más de 1.800 líneas telefónicas interceptadas ilegalmente cuando se desempeñó como comandante del Gaula de la Policía de Medellín, y la muerte de trabajadores por los derechos humanos. En 2004 esta decisión fue ratificada: de los testimonios y pruebas técnicas se dedujo que hombres a su cargo falsificaron órdenes de fiscales para interceptar las líneas y que Santoyo “consintió y aprobó” todo.
Ahora, diez años después, algunas autoridades prometen investigar las ‘chuzadas’ ilegales en Antioquia, escudados en el poder simbólico que da la confesión del exgeneral en Estados Unidos. Lo cierto es que en su momento la investigación se hizo, pero sus resultados se fueron desvalorizando al tenor de las influencias de los círculos de poder. Así fue como el Consejo de Estado, con posterioridad, suspendió los efectos del fallo del Ministerio Público por cuestiones procedimentales, no de fondo. Y así también, como si no pasara nada, el nombre de Santoyo fue incluido en la lista de coroneles que podían ser ascendidos a generales.
¿Cómo pasó inadvertido este elemento en el aparato estatal? ¿En los organismos de contrainteligencia? ¿En los mismos funcionarios públicos? Juan Manuel Santos, por ejemplo, con la investigación de la Procuraduría en marcha y siendo ministro de Defensa, ordenó el reintegro profesional de Santoyo a la Fuerza Pública por medio de un decreto. Y así, muchas personalidades públicas promovieron al general (r) para que ocupara esa plaza por medio del ascenso militar. Hoy, sin embargo, todos lucen sorprendidos. El expresidente Álvaro Uribe trina rabioso sobre la responsabilidad de Santoyo en este proceso, como si nunca hubiera sido su promotor. Antes metía las manos en el fuego, hoy nada tiene que ver con él. Historia repetida frente a otros “buenos muchachos” de quienes se rodeó para gobernar.
Falta mucho por conocer. No sólo Santoyo, revelando más hechos de esa oscura época, puede ayudar a documentar hechos y personajes de este escándalo. También los entes de investigación colombianos deben destapar (tarde, sí, pero qué hacemos) la olla podrida que dio lugar a una alianza que casi destruye la institucionalidad entera de un país.
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