No existe nada semejante a una "igualdad a medias". Se es igual ante la ley o no.
Podría decirse que en la última década Colombia ha avanzado lento, pero ha avanzado en materia de derechos de los homosexuales. La Corte Constitucional, progresista desde sus primeros días, pero siempre en el centro de la controversia, ha tenido el coraje suficiente para avalar en los últimos ocho años las visitas conyugales a las cárceles, el pago de la pensión de sobrevivientes de la pareja, la herencia de propiedades, la ciudadanía cuando el otro en cuestión es extranjero, el reconocimiento de los compañeros sentimentales homosexuales como una familia y la adopción por parejas del mismo sexo cuando uno de los dos individuos es el padre biológico del niño.
Sin embargo, no existe nada semejante a una “igualdad a medias”. Se es igual ante la ley o no. Y el país, tristemente célebre en el continente por sus estadísticas en relación con el estado de la infancia, está en mora de dejar en el pasado la discusión sobre la adopción igualitaria. Ahora que la Corte Constitucional ha tomado el camino medio, luego de acudir a un conjuez para resolver una votación que estaba empatada, y ha confirmado la adopción consentida, pero le ha dado la espalda a la adopción igualitaria, corresponde al Congreso de la República enfrentar un tema que no por nada se encuentra en el centro de la agenda colombiana.
No es sensato recurrir a un referendo para consultarle a la mayoría de los ciudadanos si quiere que las parejas de homosexuales alcancen los mismos derechos que dan por sentados las parejas heterosexuales, como lo ha propuesto la senadora Morales, porque la democracia busca justamente defender de las mayorías a las minorías.
Tiene sentido, eso sí, convocar a los legisladores –a fin de cuentas representantes de todas las corrientes de pensamiento que circulan hoy en Colombia– para que con la Constitución en la mano emprendan un verdadero debate alrededor de la pregunta “¿por qué concederles a los homosexuales los mismos derechos, que en la teoría ya han sido conquistados, molesta tanto a ciertas sensibilidades del país?”.
Los días recientes han estado llenos de frases altisonantes e inclementes contra los homosexuales. Ha sido más que claro que millones de colombianos –desde periodistas de los que cabría esperar mucho más hasta académicos que al menos tendrían que ponerse del lado de la ciencia– siguen convencidos de que la homosexualidad es una enfermedad, una aberración.
No será fácil que ese punto de vista tradicionalista, toda una educación al fin y al cabo, reconozca que la orientación sexual no puede convertirse en una razón de peso, como un delito, como una inmoralidad, para negar una adopción.
El fallo de la Corte Constitucional puede ser leído, a pesar de todo, con optimismo: niega que una familia gay pueda adoptar, es cierto, pero no objeta que un ciudadano homosexual también lo haga, ni mucho menos cierra el tema para siempre; recuerda al Congreso que este es un asunto de su competencia, además, e invita a los congresistas a legislar sobre la materia.
Quizás todo esto signifique que faltan aún algunos años para que se dé por fin la igualdad. Tal vez sea una señal de que es cuestión de tiempo para que nadie sea discriminado por su orientación sexual.
