Gobierno busca ese respaldo para evitar que tribunales exteriores frenen los diálogos de La Habana.
Las decisiones venideras en el proceso de paz son eminentemente políticas y hacen necesaria una legitimidad internacional que permita que los acuerdos logrados con las Farc sean duraderos y permitan, en verdad, consolidar un escenario de posconflicto.
La razón es sencilla. Si bien para Colombia las cortes internacionales no son una preocupación mayor que pueda obstaculizar la firma del fin de la guerra, sí se hace necesario que la diplomacia en torno a la paz se fortalezca para evitar una eventual intervención de esos organismos en el país.
Si la justicia transicional que se aplique tras la firma de la paz no es convincente para instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues sería muy difícil que los procesos que se acojan al modelo de paz colombiano pasen inadvertidos ante los tribunales extranjeros.
Es por eso, y tal vez esta semana fue clave en esta materia, que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha emprendido desde el inicio del primer mandato una cruzada internacional para ganar respaldo a los diálogos. Los resultados ya son evidentes.
"El respaldo internacional a un proceso como el colombiano es una condición necesaria.
La tesis de que esta semana fue clave se sustenta en que dos premios nobel de paz están al mismo tiempo en Colombia respaldando el proceso y, a la vez, compilando información para sustentar ante otros Estados por qué se debe respaldar la búsqueda de la paz en Colombia y las razones de que esta vez parezca que los diálogos son irreversibles.
Se trata del costarricense Óscar Arias, quien participó en un foro de paz de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, y del exsecretario General de Naciones Unidas Kofi Annan. Los dos han tenido encuentros con funcionarios del alto Gobierno y, de alguna manera, son embajadores de la paz colombiana ante el mundo.
"No es fácil hacer la paz y tenemos que sostener este esfuerzo", afirmó Annan recientemente y, de hecho, añadió: "Esperamos que esto involucre a todos los colombianos, porque es algo que tiene el respaldo de todo el mundo".
A esto se le debe sumar que con la diplomacia de la paz que ha hecho Santos, la cual ha rendido frutos a pesar de la dura resistencia de la oposición, le ha permitido a Colombia tener seguro un fondo europeo para el posconflicto y otro más respaldado por el Banco Mundial para programas como la reparación de víctimas.
Por supuesto, esto también permitirá atender frentes como las advertencias que hecho la Fiscalía de la CPI, en el sentido de que para los máximos responsables de delitos atroces debe haber penas por lo menos privativas de la libertad que sean concretas y no simulacros.
Todo esto hace parte de las discusiones que se volverán a dar desde este miércoles en La Habana tras el reinicio de los ciclos de negociación.
Una luz que vio el Gobierno para afrontar este tema, según lo reconoció el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, fue una sentencia de la CIDH que, en referencia a una masacre en El Salvador, reconoció que el sistema interamericano de protección de derechos humanos no puede ser un obstáculo para la consolidación de la paz.
Es una sentencia del 25 de octubre del 2012 que aceptó la forma en que una comisión de la verdad resolvió en el proceso de paz de los 90 la masacre del Mozote, durante la cual, en diciembre de 1981, la Fuerza Armada salvadoreña mató a por lo menos 900 campesinos en una operación contrainsurgente.
“En ciertas situaciones de tránsito de un conflicto armado a la paz puede ocurrir que un Estado no se encuentre en posibilidad de materializar plenamente, en forma simultánea, los distintos derechos y obligaciones contraídas internacionalmente”, dice el voto concurrente del juez Diego García, citado en la sentencia.
Santos está jugado por el proceso de paz y no quiere que la principal apuesta política de su gobierno se vea afectada por instancias internacionales que pueden ser manejadas diplomáticamente. Por eso, propuestas como la de justicia transicional ampliada del expresidente liberal César Gaviria se analizan internamente y se quieren socializar en el exterior.
Claro que el uribismo, con el senador Álvaro Uribe a la cabeza, también está en su propia ofensiva internacional. La semana pasada viajó a Washington a expresar sus preocupaciones por los diálogos y otro grupo de sus congresistas está ahora mismo en Europa con una tarea similar. Además, el procurador Alejandro Ordóñez (de extracción conservadora) viajó a Estados Unidos a expresar por qué no está de acuerdo con varios puntos de lo que se negocia.
El Jefe de Estado estará el próximo lunes en un conversatorio sobre paz en Madrid (España), durante el cual, precisamente, espera que el mundo entienda lo que se está negociando con las Farc y la necesidad de darle legitimidad internacional para que la paz se estable y duradera.
Como dijo De la Calle, "el fin del conflicto es una oportunidad, que no es solo para la búsqueda del cese de los fusiles, sino también para realizar las transformaciones profundas que requiere Colombia". El camino ha comenzado a andarse y el respaldo mundial a los diálogos parece casi irreversible.
