Según la organización Somos Defensores, 14 líderes sociales han sido asesinados en los últimos dos meses. La Defensoría alerta sobre la ocupación de sitios de las Farc por el Eln y las bandas criminales.
“Ha llegado el momento en que debemos partir de nuestro origen. Reúnan el ganado, las semillas, todos los productos porque se acerca la violencia y el hambre. Alisten las armas porque los enemigos ocultos miraron con avaricia la riqueza de estos territorios. No nos olviden. Cuiden sus casas y los caminos que hemos abierto para que permanezcan por siempre”, dice el relato del indígena awá, Camilo Roberto Taicus, asesinado el pasado 26 de agosto a las 5 de la tarde.
Tenía 50 años y escribió este mensaje en un tablero en una de sus últimas reuniones con la comunidad del resguardo Hojal La Turbia en el municipio de Tumaco, Nariño. Dos sicarios lo ultimaron a tiros cuando se transportaba en un taxi por la cabecera de esta población, mientras regresaba de hacer diligencias propias de un docente de esa comunidad.
El pasado martes, mientras los indígenas awá enterraban al mayor Taicus recibieron la otra noticia trágica: tres comuneros más aparecieron torturados y masacrados en varios puntos del sur de Nariño. Luciano y Alberto Pascal García de 23 y 21 años cada uno, ambos aparecieron asesinados en el Resguardo indígena Awá de Piguambí Palangala, en el corregimiento de Llorente, cerca de Tumaco.
El cuerpo de Diego Alfredo Chirán Nastacuas de 24 años fue encontrado en el corregimiento El Diviso, en la vía que conduce de Tumaco a Pasto. Tenía signos de tortura, siete impactos de bala y lo encontraron amarrado cerca de un retén militar.
El 29 de agosto de 2016, la Defensoría envió un documento al Ministerio del Interior en el que advertía del “riesgo de la vulneración de derechos humanos en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño”, donde esta semana se registró el desplazamiento de 45 familias (127 personas) debido a enfrentamientos de la Fuerza Pública con el Eln. Las familias venían de las veredas de Las Marías, Bocas de San Luis y Santa Rosa.
Adicionalmente, la entidad resaltó que la zona se encuentra afectada por los cultivos de uso ilícito, el tráfico de drogas y la minería ilegal, actividades de las cuales se lucra la compañía “Guerreros de Sindagua” del Eln, que hace presencia en la región.
La Defensoría esboza que el proceso de paz con las Farc ha cambiado la dinámica de los grupos armados ilegales en la región. Mientras las tropas de las Farc se desplazan hacia las zonas de concentración para la dejación de las armas en los puntos establecidos en Tumaco y Policarpa, Nariño, la presencia del Eln se ha hecho más evidente con el uso de la extorsión, el narcotráfico y la minería para financiar su actividad.
De acuerdo con la Defensoría, lo que pretende hacer el Eln con este fortalecimiento es establecer un corredor de movilidad en la región del Sanquianga, que “le permita la salida al mar para fortalecer las finanzas de sus frentes e incursionar en las cabeceras de Olaya Herrera y Tumaco”, en donde actualmente delinquen grupos posparamilitares y bacrim, e incluso, se ha comprobado la influencia de miembros del clan del Golfo.
En Tumaco, en donde fue asesinado el líder indígena Camilo Roberto Taicus Bisbicus, también es grave la problemática del reclutamiento infantil, así como la extorsión, dijo la Defensoría. Allí, el repliegue de Los Rastrojos habría generado que nuevas bandas delincuenciales conformadas por jóvenes pretendan hacerse con los negocios ilegales como el narcotráfico y las extorsiones.
Masacre de campesinos en el Cauca
Paralelo a estos hechos, en el municipio de Almaguer, sur del Cauca, una masacre enluta a los campesinos del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima). Según relatan miembros de la comunidad, a las 8:30 am. del pasado martes hombres armados vistiendo uniformes militares y con armas largas, interceptaron los vehículos en los que se transportaban Joel Meneses Meneses, líder histórico del Cima y dirigente comunitario del Proceso Campesino e Indígena de Almaguer (Procamina).
Había recibido varias amenazas de muerte desde que dicho movimiento ganó las elecciones locales el pasado 25 de octubre de 2015. Junto a él, aparecieron muertos Ariel Sotelo y Nereo Meneses Guzmán, ambos líderes de Procamina.
Aunque las investigaciones apenas avanzan, lo cierto es que en este municipio, ubicado en el corazón del Macizo Colombiano, desde las pasadas elecciones en las que se enfrentaron la Alianza Social Independiente (ASI) y el Polo Democrático Alternativo, las amenazas contra los ganadores de la contienda, en este caso la ASI, no han parado.
Desde noviembre pasado hay 25 líderes de esa organización amenazados de muerte, mensajes que se han venido materializando a lo largo de los últimos meses. Por ejemplo, el 28 de octubre 2015, mataron al hijo del concejal electo por la ASI, Jhon Gómez; y el 18 de noviembre de ese mismo año fue asesinado Ignacio Ernesto Males, secretario del concejo municipal de Almaguer, quien estaba abriendo la puerta de su casa cuando le propinaron tres disparos.
Este contexto de tensión hizo que el concejo en pleno al finalizar el año 2015 tuviera que desplazarse a Popayán para terminar las sesiones de ese periodo. No obstante, relata uno de los amenazados, los mensajes de texto y las llamadas intimidatorias han continuado, sin saber hasta el momento de dónde provienen los agravios.
Y aunque la disputa política marcó una fuerte confrontación entre los partidos, defensores de Derechos Humanos del Cima aseguran que en este territorio se mezclan muchos conflictos que desde hace varios años ha cobrado la vida de líderes como Adelinda Gómez, asesinada el 30 de septiembre de 2013, luego de denunciar la presencia de mineros ilegales de Antioquia, Nariño y la costa Atlántica. Ese flagelo sigue tan vigente como el mismo narcotráfico.
El 24 de mayo de este año, la Defensoría del Pueblo le envió al gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo, un informe sobre la situación de riesgo inminente que se cernía sobre los municipios de Mercaderes y Almaguer, en éste último fueron asesinados los líderes Joel Meneses, Nereo Meneses Guzmán y Ariel Sotelo.
En ambas jurisdicciones, dice el informe, “la guerrilla del Eln, por medio de redes de milicianos y combatientes en los dos municipios, ha estado “regulando” el ingreso de mineros foráneos que se han instalado en zonas rurales de Almaguer y Mercaderes con maquinaria pesada y campamentos para la extracción de oro”.
Si bien El Eln señaló que la extracción minera se realiza bajo el “consentimiento de las comunidades”, el organismo protector de derechos le informó al gobernador que en realidad, “por la vía de la violencia y del uso de las armas, imponen y regulan la extracción del oro”. De acuerdo con los habitantes de los dos municipios, la actividad minera incrementó de manera considerable en 2015, y este año comenzó a ser cooptada por distintos grupos al margen de la ley.
Si bien la Defensoría reconoce que los operativos de la fuerza pública han afectado las finanzas del Eln y de otros grupos armados ilegales, los habitantes de la zona manifestaron que en distintos municipios del sur del Cauca, los grupos mueven la maquinaria cuando sospechan que se adelantarán acciones por parte de las autoridades.
Además, “el temor de los líderes comunitarios, funcionarios y de las comunidades de las zonas de influencia minera, es que una vez cumplidas las diligencias de destrucción de campamentos y maquinaria, se recrudezcan las retaliaciones por parte de los grupos armados ilegales”, señala la Defensoría.
