Familiares de Diego Felipe Becerra piden una indemnización por los perjuicios morales y patrimoniales.
Argumentando que se incumplió el mandato constitucional de protección a los ciudadanos, familiares de primer grado radicaron una demanda contra la Nación por las afectaciones que sufrieron tras la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, registrada el 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá.
Esta acción judicial se encuentra en manos de la Procuraduría General que en los próximos días tendrá que citar a una audiencia de conciliación a los demandantes y los representantes de la Policía Nacional y Ministerio de Defensa. (Ver «Sí existe una investigación contra el general Patiño por caso grafitero»)
En la demanda se pide una indemnización por los perjuicios morales y patrimoniales causados a la familia del joven de 16 años que murió después de recibir un disparo por la espalda por parte del patrullero de la Policía Metropolitana, Wilmer Antonio Alarcón, quien es procesado por cuatro delitos y se encuentra con medida de aseguramiento.
Y es que para los accionantes, con su actuar la Policía Nacional afectó además el buen nombre, honra y dignidad de Becerra Lizarazo quien fue señalado de pertenecer a una banda que había asaltado un bus de servicio público.
Para esto miembros de la Institución y un abogado de la misma participaron en la manipulación de la escena del crimen, ubicando una pistola en el lugar donde el joven recibió el disparo para desviar el curso de la investigación.
La acción judicial está firmada por los padres del menor, sus abuelos, sus tíos, un primo y tres amigos.
La pretensión no es la justicia
En entrevista con la W Radio, el abogado Alberto Morales quien defiende los intereses del general Francisco Patiño aseguró que la demanda radicadapresenta una “tesis absurda” que no debe ser avalada.
En este sentido indicó que esta acción es parte de una estrategia dirigida a demostrar que este caso es un crimen de Estado ya que para argumentar esta posición es menester demostrar que hubo un fallo de fondo contra la Nación y sus Instituciones.
“Queda claro que la pretensión de ellos (la familia) no es de justicia sino económica”, aseguró el jurista al indicar que desde hace meses se conocía la posición de la representante de víctimas para radicar esta acción judicial.
Para Morales, lo único que se está buscando es afectar la carrera de su cliente quien este martes se presentará de nuevo ante el Congreso de la República en donde se adelantará un nuevo debate sobre su ascenso.
