La orden de detención contra Luis Alfredo Ramos Botero se produce días después de que la misma Corte Suprema condenara al excongresista Óscar Suárez Mira, a quien se cuestionó por haber participado en la misma reunión con Ernesto Báez y otros comandantes paramilitares. Cuando se conoció esta sentencia, el exgobernador Ramos aseguró que la única cita a la que asistió fue un encuentro con el aludido Báez, pero en el marco del proceso de desmovilización de las autodefensas, en el segundo semestre del año 2004.
No es la primera vez que el nombre de Luis Alfredo Ramos sale a relucir en investigaciones por parapolítica. A finales de 2010, a raíz de declaraciones judiciales del extraditado jefe paramilitar Juan Carlos El Tuso Sierra, desde una cárcel de Virginia, Estados Unidos, la Corte Suprema había ordenado una investigación preliminar en su contra. El Tuso Sierra aseguró que Ramos Botero contó con el apoyo de las autodefensas para ganar una curul en las elecciones al Congreso en 2002, por el movimiento Equipo Colombia.
Cabe recordar que posteriormente, para las elecciones legislativas de 2006, Equipo Colombia, fundado por Ramos, se fusionó con el movimiento Alas, entonces liderado por el senador Álvaro Araújo. Esta integración les permitió acceder a cinco curules en el Senado y otras tantas en la Cámara. No obstante, a finales de 2006, cuando estalló el escándalo de la parapolítica, uno de los primeros en ser vinculado fue Araújo. Lo reemplazó Antonio Valencia Duque, quien meses después también fue condenado por nexos con las autodefensas.
Después de concluir su labor como senador en 2006 e impulsar el movimiento Alas Equipo Colombia, aparecieron nuevos señalamientos contra Ramos Botero. En esa ocasión fue un escolta de los jefes paramilitares identificado como José Raúl Mira Vélez, quien aseguró que el político antioqueño se había reunido con varios jefes paramilitares en pleno centro de Medellín. En ese momento la Fiscalía consideró que no existían suficientes pruebas de pactos o componendas con grupos ilegales y dispuso el archivo del expediente.
Entonces Luis Alfredo Ramos se postuló a la Gobernación de Antioquia para las elecciones de octubre de 2007, con las banderas de Alas Equipo Colombia. Con el 51,73% de los votos escrutados en las urnas, derrotó al candidato del movimiento Una Antioquia Nueva, Eugenio Prieto. Su período de gobierno concluyó en diciembre de 2011, momento desde el cual fue protagonista de una nueva controversia, esta vez por las acusaciones de su sucesor, Sergio Fajardo, quien aseguró que la gobernación de Ramos no fue nada clara en materia de contratación.
La orden de captura emitida contra Luis Alfredo Ramos causó sorpresa en Antioquia, donde ha ejercido un liderazgo político de mucho tiempo atrás. Nacido en abril de 1948 en el municipio de Sonsón, después de graduarse como abogado en la Universidad de Medellín, en 1970 se vinculó a la actividad proselitista como concejal de Sonsón y secretario del directorio departamental por el Partido Conservador. Luego fue gerente de la colectividad en Antioquia, pero regresó a la arena política en 1974, para acceder a la Asamblea Departamental.
Concluida su gestión como diputado, Ramos incursionó en el campo de la fiscalización pública y el Poder Ejecutivo. Para tal efecto, ejerció como contralor general de Antioquia y como secretario de Hacienda de Medellín. En 1982 decidió dar un salto a la política nacional tras obtener una curul como representante a la Cámara por Antioquia, escaño que mantuvo hasta 1990. Un año después dejó el Congreso para buscar la Alcaldía de Medellín, cargo que obtuvo y le permitió gobernar la capital antioqueña hasta el año 1994.
Durante el gobierno de Ernesto Samper, ya con el reconocimiento nacional y vocería del conservatismo, Ramos Botero pasó brevemente por el Ministerio de Comercio Exterior. Se retiró a raíz de los sucesos judiciales conocidos en el Proceso 8.000 y rápidamente se vinculó a la campaña política de Andrés Pastrana. Tras la victoria electoral de Pastrana en 1998, Ramos fue designado como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo que dejó en 2001, cuando regresó al país para buscar el Senado.
Desde hace varias semanas el exgobernador y excongresista Luis Alfredo Ramos venía sonando como uno de los precandidatos del Centro Democrático. Incluso, en las cábalas políticas se daba por hecho que iba a ser el ganador de la consulta popular que va a definir el candidato del uribismo a las elecciones presidenciales de 2014. Por eso, en este círculo político, se recibió con malestar el anuncio de la orden de captura en su contra y la mayoría de sus integrantes se pronunciaron ayer mismo resaltando su rectitud y su inocencia.
Por ejemplo, el también precandidato del Centro Democrático, el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, resaltó que Ramos Botero va a responder a los requerimientos de la Corte Suprema y confió en que lo hará dándole la cara al país. “Van a surgir muchas cosas como esa y siempre estaremos dispuestos a dar la cara y a asumir las realidades”, recalcó Zuluaga al término de una reunión con otros de los precandidatos del uribismo, quienes igualmente se pronunciaron en defensa del exgobernador antioqueño.
El Centro Democrático expidió un comunicado en el que lamentó la orden judicial expedida contra Ramos Botero, se declaró confiado en que pueda explicar a la justicia todas sus actuaciones y, sobre todo, que no ha tenido vínculo alguno con grupos ilegales. La declaración agregó que en razón a lo sucedido, el exgobernador optó por separarse temporalmente de la campaña presidencial que estaba afrontando para “atender debidamente el requerimiento de las autoridades”.
Al cierre de esta edición aún no estaba claro cuál iba a ser el sitio de detención de Ramos Botero ni se conocía un pronunciamiento suyo frente a la situación planteada. En cambio sí trascendió el primer trino del expresidente Álvaro Uribe, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Tengo convicción que Luis Alfredo Ramos no ha tenido alianza con criminal”. De cualquier manera, la vinculación de Ramos a una investigación judicial ha sido catalogada como la reedición de la parapolítica, que hace varios meses no tenía un sindicado de tanta trascendencia política nacional.
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