Por las veredas de Quinimayó y El Palmar, de Santander de Quilichao, en el Cauca, circula desde finales de septiembre de 2014 un panfleto en el que la banda criminal ‘los Rastrojos’ amenaza de muerte a líderes indígenas y afros de los cabildos y consejos comunitarios del norte del departamento.
Tras advertir que quieren “un país donde la gente haga desarrollo”, el panfleto, que lleva el logo de ‘Comandos Urbanos’ de ‘Los Rastrojos’ y está fechado el 29 de septiembre, señalaron a un conjunto de organizaciones porque, a su juicio, no quieren “el desarrollo y el trabajo”, se trata de “Acin, Aconc, cabildos indios de Santander, Consejos negros, Sutec, el Polo, Partido Verde, Mira, Asi, juntas de veredas”.
Asimismo, declararon “objetivo militar” a diez personas con condiciones de liderazgo entre las comunidades afros e indígenas de los consejos comunitarios y cabildos de Santander de Quilichao, y cuyos nombres se omiten a petición de los amenazados.
“…queremos un país sin gente como ustedes que dejen trabajar las minas que son de todos. Estamos atentos haber (sic) si vuelven a quitar máquinas que no son de ustedes”, advierten los supuestos ‘Rastrojos’ en el papel que repartieron a plena luz del día.
Según varios líderes de las comunidades étnicas, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, desde el pasado 29 de abril, las amenazas comenzaron cuando convocaron a una audiencia minera en la que denunciaron la explotación ilegal de oro en sus territorios y le pidieron apoyo al gobierno para frenar la minería ilegal, Los llamaron, los siguieron, “pero es la primera vez que de forma puntual nos declaran objetivo militar”, dice un líder indígena.
En esa audiencia, las comunidades étnicas de Santander de Quilichao advirtieron que en el Consejo Comunitario de Zanjón de Garrapatero operaban por lo menos 105 retroexcavadoras en 28 puntos conocidos como entables; en el resguardo de Canoas y en el Consejo Comunitario del Río Páez los mineros ilegales estaban acabando a mordiscos el Parque Natural del Cerro de Munchique; y los habitantes de la vereda Lomitas denunciaron la contaminación del río Teta, que viene del vecino municipio de Buenos Aires, donde hay explotación a cielo abierto de oro (Lea: Minería en el Cauca: ¿riqueza para quién? y Lomitas, Cauca, quiere salir del abismo).
Justo un día después de la audiencia, la tragedia anunciada por las comunidades durante la audiencia ocurrió en el corregimiento de San Antonio, en Santander de Quilichao. Un alud de piedra y tierra sepultó a varias personas que barequeaban en la mina ‘Agualimpia’, explotada por mineros ilegales.
El hecho condujo a que las comunidades indígenas y afro pidieran con urgencia una reunión con altos funcionarios del gobierno, pues desde 2008 venían denunciando que mineros provenientes de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y la Costa Caribe habían entrado con retroexcavadoras y les estaban destruyendo y contaminando el territorio.
Esa reunión se concretó el 7 de mayo de este año. A ella asistieron los entonces ministros del Interior, Aurelio Iragorri; de Minas, Amílkar Acosta; la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Tatyana Orozco; y la presidenta de la Agencia Nacional de Minas, Natalia Gutiérrez.
En ese encuentro, los funcionarios de gobierno se comprometieron a recuperar las áreas destruidas por la minería ilegal, a detener las máquinas retroexcavadores, a reparar las comunidades afectadas y garantizarles medidas de protección a 20 líderes que fueron amenazados.
“Pero a los tres meses vimos que el gobierno no había cumplido con lo prometido”, dice otro líder étnico, quien explica que pidieron ayuda a la Fiscalía y la Policía para que investigara quiénes eran los responsables de la minería ilegal y detuvieran las máquinas retroexcavadoras que seguían operando.
Por segunda vez, señalan varios líderes, el gobierno no tomó medidas y los cabildos y consejos comunitarios se unieron para enviar a la autoridad indígena. Frenaron la maquinaria y la extracción en las minas ilegales. La tensión volvió y con ella, las amenazas.
Con estas medidas que tomaron los afros e indígenas, los mineros comenzaron a trasladar la maquinaria al municipio de Buenos Aires, donde de hecho los consejos comunitarios del Río Cauca y La Alsacia se mantenían organizados para impedir el paso de la minería, además del narcotráfico.
