Hace parte de las laderas de la comuna seis de Soacha, el municipio con mayor recepción de población desplazada del país. Sus primeros habitantes cuentan que se levantó hace unos 23 o 20 años, ni siquiera ellos lo tienen claro. Desde entonces el barrio Altos de la Florida, que incluye cuatro sectores, ha crecido con una de las tantas cargas de la ilegalidad: falta de agua potable. Un problema que el Consejo de Estado ordenó resolver hace tres años sin que hasta hoy haya una solución definitiva.
En 1993, el año en que María del Carmen García llegó, el barrio sólo eran matas de espino, no había vías ni los remedos de ellas y mucho menos agua o luz. El líquido tenían que ir a recogerlo en burro cerca al chircal y la ropa se lavaba en una quebrada. -Nos decían que por ahí bajaban los desechos de otro barrio de la montaña, pero la ropa nos quedaba blanquita-, recuerda la mujer mientras se ríe.
Cuando se formó el barrio por cuenta de un proceso de urbanización pirata, que se ha repetido en el 70% del territorio soachuno, tan sólo había unas 10 o 15 familias. Hoy se calcula que hay más de 1.500 y unos 6 mil habitantes. Con el apoyo de organizaciones como Naciones Unidas han improvisado tuberías para recolectar aguas lluvias, pero no alcanza para cubrir sus necesidades ni soluciona el olor a mierda por la ausencia de un sistema de alcantarillado.
La falta de agua es sólo uno de los dramas que diariamente enfrenta esta población. La ilegalidad, la ausencia de servicios públicos junto al olvido político y la debilidad que ha vivido la administración de Soacha, han sido el caldo de cultivo para el microtráfico, el pandillismo y el reclutamiento de niños. “Fenómenos por los que incluso veíamos que se podía convertir en un segundo Cazucá ( comuna que ha sido corredor estratégico de bandas ilegales)” anota una de las personas que trabaja en la zona desde hace cinco años con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia.
El problema para llevar el agua y mejorar la situación de Altos de la Florida tiene dos aristas. Por un lado, el Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía y a la Gobernación del departamento proveer el vital líquido y adelantar los trámites para normalizar las tierras en 2010. Pero además un juez ordenó el desalojo de los predios y como esto no ocurrió, los propietarios entutelaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuenta el secretario especial para Soacha, Iván Moreno.
En cuanto al drama del agua, una de las soluciones previas ha sido el envío de un carrotanque de parte del Acueducto de Bogotá a la zona. Ahí viene otro lío, el metro cúbico cuesta $10.965 y el vehículo no puede pasar constantemente porque también le suministra el líquido a las localidades de Bosa y Kennedy en la capital. “Nos toca esperar a que pase cada 15 o 20 días”, agrega Álvaro Ortiz, líder de la comunidad.
Para tener un sistema de acueducto y alcantarillado digno, la zona debe ser legalizada. Para esto los habitantes debieron organizarse como Asociación de Viviendistas de Altos de la Florida y negociar con los propietarios para pagarles los terrenos. “Aquí no hay invasores se trata de personas que fueron asaltadas en su buena fe por tierreros. Desde el fallo de 2010 no hemos podido frenar la venta ilegal y pasamos de 3.200 a 6.000 habitantes”, agrega Moreno. Además, la Alcaldía municipal debe identificar las zonas de amenaza y riesgo de deslizamiento.
En las últimas semanas la paciencia de los pobladores se ha reducido. Están cansados de las promesas de campaña y la falta de oportunidades. Moreno asegura que mientras se completa la legalización de tierras, acordaron con el Acueducto instalar un hidrante para que la comunidad reciba agua con mayor frecuencia y que el precio del metro cúbico se reduzca a unos $5.000.
Respecto a los análisis sobre el riesgo de la zona, el alcalde de Soacha Juan Carlos Nemocón, explica que cuando la Gobernación le entregó unos estudios hace 10 meses no coincidían con los hechos por la administración y por esta razón, sólo hasta hace dos semanas tuvieron datos sobre las casas que están en riesgo y deben ser reubicadas. “Además el diseño de Acueducto que hay no tuvo en cuenta que el desagüe va en sentido contrario a las vertientes naturales y no se podría prestar el servicio sanitario”. Estos conceptos técnicos son los que impiden realizar la legalización con prontitud, agrega el mandatario.
El lío de Altos de la Florida se suma a otros como las protestas por la ausencia de puentes peatonales en la Autopista Sur en las obras del inconcluso Transmilenio, que publicó este diario la semana pasada. Por ahora para la comunidad la situación sigue siendo la misma, y por ello presentaron un incidente de desacato frente a la orden que en 2010 dio el Consejo de Estado sobre su derecho al agua.
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