El Espectador revela que justicia avala sanción a Córdoba. Decisión tendría consecuencias en el proceso de paz. Expectativa en el alto gobierno.
La Corte Constitucional está a punto de fallar una tutela que tendría incidencia en los diálogos de paz entre el gobierno y las Farc en La Habana: la que instauró la exsenadora Piedad Córdoba contra la decisión de la Procuraduría que la destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 18 años, por su colaboración y promoción de las Farc. El expediente se sustentó en los correos hallados en el computador de Raúl Reyes, en los que supuestamente se cruzaba delicada información con Córdoba.
El procurador Alejandro Ordóñez concluyó en 2010 que en los mensajes hallados en el PC de Reyes, Córdoba, quien firmaba como Teodora de Bolívar, dio consejos a la guerrilla relacionados con el manejo político de las pruebas de supervivencia de los secuestrados, entregó a las Farc información sobre posibles donaciones de gobiernos extranjeros e instó a la organización ilegal a que fuera hostil con algunos partidos políticos a tiempo que estructuraba un proyecto político con miras a un nuevo gobierno. Córdoba siempre ha negado las evidencias encontradas en el computador del jefe subversivo muerto en marzo de 2008.
La exsenadora ha asegurado que sus contactos con las Farc se dieron como facilitadora en el retorno de los secuestrados y que, tal como lo determinó la Corte Suprema, las pruebas del computador de Reyes son inválidas, pues no se respetó la cadena de custodia. La excongresista ha señalado que el fallo de la Procuraduría se sustentó en pruebas inexistentes y que se le violaron sus derechos a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y el debido proceso. Por eso le pidió a la Corte Constitucional reversar dicha sentencia y restablecer sus derechos políticos.
El Espectador conoció que la ponencia del magistrado de la Corte Jorge Iván Palacio no le da la razón a Piedad Córdoba y, en consecuencia, avala el fallo de la Procuraduría que le quitó la posibilidad de ejercer cargos públicos o de ser elegida por mandato popular. El gobierno Santos ya sabe el sentido de la ponencia y fuentes consultadas por este diario reconocieron cierta preocupación, pues el nombre de Piedad Córdoba ha salido a relucir varias veces en los diálogos de La Habana, en especial en el tema de la participación en política de las Farc.
La ponencia de Palacio será debatida en los próximos días por la Sala Plena de la Corte Constitucional y desde ya se anticipa que la discusión será candente. La controversia jurídica versará sobre las facultades del procurador para sancionar congresistas, pues algunos consideran que sólo debería ocuparse de la vigilancia de los funcionarios públicos y no de los parlamentarios, quienes pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La controversia política tiene nombre y apellido: que Córdoba vuelva al Congreso.
Este diario también conoció que en círculos judiciales cercanos a la Procuradoría hay inquietud sobre los eventuales alcances que tendría en otros procesos un fallo de la Corte favorable a Piedad Córdoba. Dicen que como un castillo de naipes también se caerían múltiples sanciones que se han tomado en contra de parlamentarios que transgredieron la ley. Es más, esas mismas fuentes consultadas llegaron a sugerir que podrían afectarse las destituciones proferidas en contra de dos alfiles del uribismo: Bernardo Moreno y Andrés Felipe Arias.
De lo que no cabe duda es de que, queriéndolo o no, lo que pase en el proceso de Piedad Córdoba sí va a tener repercusiones en las conversaciones en La Habana. De hecho, una vez superado el tema agrario en la mesa, el siguiente punto que sería considerado es la eventual participación en política de la guerrilla de las Farc. El jefe negociador del grupo armado Iván Márquez ha dicho sin rodeos que quiere hacer política. Hace 27 años la hizo en el Congreso como delegado de la Unión Patriótica. Hoy está claro que quiere regresar, pero ¿con qué partido?
Aunque públicamente no lo han expresado así, las Farc podrían escampar sus aspiraciones electorales en el movimiento Marcha Patriótica, cuya líder más visible es precisamente Piedad Córdoba. Por eso es que en La Habana están tan atentos a lo que decida la Corte Constitucional sobre su caso. Mientras el Gobierno pide celeridad en los diálogos, las Farc dieron a conocer sus ocho propuestas para el reconocimiento del derecho a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales. En esencia piden garantías de autonomía política, apoyo a la cosmovisión de los pueblos ancestrales y protección especial a estos territorios, entre otros.
Aunque esos cálculos no han sido esbozados en la Corte Constitucional, los magistrados que integran esa corporación, con su decisión, cualquiera que sea, en el caso de Piedad Córdoba, marcarán un derrotero en los diálogos de paz. A este escenario se suma la convergencia de fuerzas que empiezan a alinearse para elegir al reemplazo de Humberto Sierra Porto en el alto tribunal. A escasas semanas de que el Senado elija de la terna enviada por el Consejo de Estado, ya se da por descontado que ganará Alberto Rojas.
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