La sociedad entera debe garantizar que más de 50.000 reinsertados no retomen el camino de la ilegalidad, así como ellos deben aportar su verdad de lo que hicieron en el conflicto.
Cada día de lo que va corrido de este año, cuatro guerrilleros decidieron huir del monte y entregarse a las autoridades. Por cada muerto en combate, las Farc y el Eln pierden a cuatro de los suyos, que se la juegan por regresar de la guerra. Y en una década el número de desmovilizados de esos dos grupos superó las 26.000 personas.
Las reveladoras cifras, publicadas la presente semana por este diario, muestran a las claras la importancia estratégica de la reinserción en la lucha del Estado colombiano contra los violentos. Debilitados por las operaciones aéreas cada vez más exactas y efectivas y los asaltos de los grupos de élite contra sus campamentos más recónditos; desencantados de una dirigencia que ha dado muestras de su desconexión con sus bases y las realidades del país, y atraídos por la mejor situación de los miles que antes de ellos optaron por dejar las armas, los guerrilleros que se desmovilizan representan un enorme reto para el país. Por un lado, por la necesidad de contar con políticas e instituciones efectivas para reintegrarlos. Y, por el otro, por la importancia de conjurar las condiciones de marginalidad y ausencia oficial, en las que pescan los reclutadores ilegales.
En los últimos tres años, el desangre de las Farc tocó también a sus mandos medios: 107 hombres y mujeres, que llevaban 20 años o más en la guerra y que se atrevieron a dar el paso hacia la vida civil. El último en la lista fue Medarno Maturana, el ‘negro Tomás’, de las Farc, que, a los 53 años, casi 30 de ellos en armas, acaba de entregarse al Ejército en Antioquia. Más de 3.700 menores de edad reclutados por las Farc en estos últimos diez años no esperaron tanto tiempo para decidirse por la desmovilización.
Sin haberse decidido la suerte en la mesa de la paz de La Habana, para esos 26.000 colombianos, que se suman a más de 32.000 reinsertados de las autodefensas hace una década, el posconflicto ya empezó. Y no se trata solo de un asunto del Gobierno.
Los errores cometidos en la desmovilización paramilitar le dieron al país la posibilidad de ajustar sus políticas en un asunto clave en esta materia, como lo es la de garantizar que los que una vez estuvieron en armas no solo las abandonen para siempre, sino que se conviertan en ciudadanos plenamente integrados a la sociedad. Es una tarea de años, que ha sido asumida por el Estado colombiano con sus propios recursos –a diferencia de la mayoría de naciones que han intentado procesos semejantes– y que sigue, a pesar de todas las dificultades, manteniendo a siete de cada diez desmovilizados a este lado de la legalidad.
Pero no hay que desconocer que miles de ellos, sobre todo los mandos medios de las autodefensas, regresaron a la clandestinidad y están hoy en las llamadas nuevas bandas, que se han convertido en el azote de los colombianos de muchas regiones y que deben ser combatidas con toda la fuerza de la ley.
Sin embargo, la mayoría de los que dejaron los grupos ‘paras’ en desmovilizaciones colectivas y los guerrilleros que, gota a gota en estos diez años, casi cuadruplican el número actual de miembros de las Farc han honrado el compromiso de abandonar la violencia. Ahora, tras varias órdenes de las cortes Constitucional y Suprema, empiezan a contar su verdad de lo que hicieron en el conflicto, para cumplir con la obligación de contribuir a la memoria histórica.
Y la nación toda debe honrar el suyo, de recibirlos de regreso a la civilidad, con todos los derechos y deberes que esa condición implica.
