Ocho mil millones de pesos es la cantidad que hay para entregar hoy a las víctimas de esta zona del país. Es casi la misma que se gastará para que los representantes a la Cámara adquieran vehículos nuevos este fin de año.
Hasta hace un par de meses las víctimas de la violencia paramilitar en el Putumayo no contaban con más que un carro, avaluado en $6 millones, para su reparación. Eso era todo lo que sus victimarios, los miembros del Frente Sur del Putumayo, les habían entregado a las autoridades en busca de congraciarse con los hombres y mujeres a los que hicieron padecer el infierno. No obstante, el panorama ha empezado a cambiar a raíz de información que se ha obtenido en el programa de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Fueron las delaciones de dos paramilitares, Carlos Mario Ospina Bedoya, alias El Tomate, y Jorge Orlando Agudelo Gallego, alias JP o El Ruso, las que le permitieron a la Fiscalía identificar 18 propiedades de exjefes de las autodefensas que se rehusaban a que sus predios pasaran al Fondo de Reparación de Víctimas. Hombres que, además, se escudaron en sus testaferros para aferrarse a esos bienes, esperando pasar desapercibidos para luego vivir con lo que consiguieron, en su mayoría, apuntando a otros con un fusil.
Uno de esos era el comandante ‘para’ Rafael Antonio Londoño Jaramillo, más conocido como Rafa Putumayo. Londoño fue asesinado en Medellín en 2004 y a su nombre se encontraron dos predios rurales localizados en Cimitarra (Santander), uno de 193 hectáreas y otro de 129 hectáreas. También había traspasado dos bienes a su esposa y cinco a su primera mujer, entre ellos un penthouse ubicado en un exclusivo conjunto residencial en El Poblado (Medellín) y avaluado en $980 millones. Jaime Alberto López, testaferro de Putumayo, tenía cinco predios a su nombre, cada uno de 65 hectáreas en promedio, ubicados todos en zona rural de Caucasia (Antioquia).
William Danilo Carvajal Gómez, conocido como Daniel y segundo al mando del frente, es otro de los exparamilitares que operaron en el Putumayo y ha recurrido a argucias para no entregarles sus bienes a las víctimas que dejó a su paso por el sur del país. La Fiscalía, sin embargo, encontró que a su nombre estaban registradas dos haciendas: La Borinqueña, de 146 hectáreas, avaluada en $1.023 millones, y Los Limones, de 112 hectáreas, que vale $788 millones. Ambas están en el área rural de Cimitarra.
Así mismo, el ente investigativo detectó que Daniel, al igual que Londoño Jaramillo, había puesto a nombre de terceros propiedades suyas. De esta manera se halló El Alcarabán, un predio rural registrado a nombre de uno de sus parientes, Álvaro Carvajal, mientras que su hermano, Jaime Carvajal Gómez, tenía la hacienda El Jardín, también en Cimitarra, avaluada en la nada despreciable suma de $1.742 millones. En algunos casos, incluso, se detectaron transacciones ilegales, como la ocurrida con el predio El Canime, propiedad de Rafael Londoño Jaramillo: en 2011, en la Notaría Primera de Medellín, fue vendido a un hombre llamado Gerardo Bedoya Tejada. La venta tuvo que reversarse al comprobarse que Londoño había muerto siete años atrás.
Según el más reciente informe de la Fiscalía sobre el tema, los inmuebles descubiertos en manos de los exjefes paramilitares del Putumayo o de terceras personas, y que ya están en poder del organismo, suman 1.571 hectáreas (más de 5.800 metros cuadrados) y superan los $8.000 millones. Ese es el dinero con que se contaría para la reparación de las víctimas de esa región del país. Es decir, la misma cantidad que se invertirá para que los representantes a la Cámara estrenen carros este fin de año. En este momento la Fiscalía está terminando de legalizar otros cuatro predios incautados para que la suma llegue a los $12.000 millones.
Este dinero de ninguna manera podrá curar por completo las heridas que las autodefensas abrieron en el Putumayo, que en el proyecto de expansión paramilitar fue una de las últimas zonas en ser “conquistadas”, objetivo que consiguieron a punta de muertes y barbarie. La entrada fue la masacre de El Tigre (inspección de Valle del Guamuez), el 9 de enero de 1999: según el informe del Centro de Memoria Histórica (CMH) sobre este hecho, 28 hombres fueron acribillados y al menos 14 fueron desaparecidos, sus cuerpos lanzados al río Guamuez.
Para las autodefensas, el Putumayo era una zona de “auxiliadores de la guerrilla, guerrilleros y milicianos” que ellos debían recuperar. El paso de los paramilitares por el Putumayo significó más de 2.500 asesinatos. Postulados a Justicia y Paz han admitido ante fiscales que las directrices de la casa Castaño eran masacrar, desmembrar, arrojar cuerpos al río u ocultarlos en fosas comunes. Y así se hizo. Esa es la estela de violencia sembrada durante casi una década por los ‘paras’, y hoy, con $12.000 millones proyectados para la reparación, se pretende aminorarla. Como en tantos otros casos, como en tantas otras regiones, no es difícil prever que ningún dinero valdrá para remediar el daño causado.
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