Los dos grandes enemigos del proceso son los grupos antirrestitución y las minas antipersonales.
A poco más de un año de iniciado el proceso de restitución de tierras, hay 32.000 solicitudes para devolver 2.2 millones de hectáreas despojadas violentamente. Apenas se han emitido dos docenas de sentencias y ya son evidentes los inmensos desafíos: cientos de miles de hectáreas sembradas de minas antipersonales, una cascada de amenazas contra los campesinos que piden de vuelta sus parcelas y enormes dificultades técnicas.
SEMANA presenta el panorama de dónde se están reclamando tierras, quiénes fueron los despojadores, donde están las minas y cuáles son los desafíos que enfrenta un proceso clave para poner fin a décadas de expoliación e inequidad en el campo.
Con la restitución de tierras, el gobierno ha abierto una caja de Pandora.
A poco más de un año de estar funcionando, la Unidad de Restitución de Tierras está ante el desafío de satisfacer 32.000 reclamos para la devolución de 2.2 millones de hectáreas expoliadas por los grupos armados. El proceso apenas empieza, y los retos son colosales. A las dificultades técnicas, pues en muchas zonas no se dispone de registros catastrales y de propiedad confiables, se suma que hay cerca de 700 reclamantes amenazados. Y, según los cálculos, un 70 por ciento de las tierras en juego está minado.
La tarea que el gobierno se ha echado encima es de una magnitud intimidante (ver mapa interactivo). Solo en un departamento como el Meta, hay 615.000 hectáreas reclamadas. En un único municipio, Mapiripán, hay 175.000. En la antigua zona de distensión, el Caguán, el gobierno habla de medio millón de hectáreas, casi todas baldías, despojadas por las Farc, que aspira a recuperar para el Estado o titular a sus ocupantes legítimos. En el norte del país hay cerca de 800.000, expoliadas por los paramilitares. Grupos indígenas y comunidades afro reclaman más de 80.000 hectáreas.
AMENAZAS
Ante esta avalancha, el proceso está generando tremendas resistencias. En el Cesar, donde hay 170.000 hectáreas en proceso, las amenazas contra los campesinos que las piden se han disparado y se multiplican las denuncias de conformación de grupos armados antirestitución. Lo mismo ocurre en otras partes del país. El gobierno ha dado protección a cientos de líderes y participantes del proceso, pero es alarmante que, aun antes de que empiece en forma la devolución de tierras, pues los jueces agrarios apenas han emitido una docena de sentencias de restitución, ya haya casi 700 personas amenazadas por reclamar tierras (ver artículo).
En la Unidad de Víctimas han clasificado en dos aquellos grupos que se oponen a la restitución. Según su director, Ricardo Sabogal, por un lado están los “actores grises”, que son los grupos armados responsables del despojo y cuyos testaferros no vacilan en recurrir a cualquier método para evitar perder lo que consiguieron con la violencia. Por otro, están los “manilargos”, quienes aprovecharon las circunstancias para quedarse con los predios a precio de huevo. “Al ver que su compadre no podía volver a la zona, cogieron la tierra y le dieron tres pesos –dice Sabogal–. Tenemos una gama amplísima, que va desde el campesino manilargo hasta el empresario manilargo”. Hay zonas, como Montes de María, donde grandes empresas se habrían hecho de este modo a tierras que hoy valen fortunas.
Los problemas varían de acuerdo a las regiones a causa de que los paramilitares y las Farc despojaron alrededor de 800.000 hectáreas cada uno, según denuncias de las propias víctimas al llenar las solicitudes de reclamación. En zonas donde dominaron los ‘paras’, las estructuras de poder que construyeron siguen intactas en varios casos y campean por sus fueros las llamadas bandas criminales. En muchas regiones guerrilleras, el conflicto armado continúa arreciando. En ambos casos, la situación de seguridad hace incierto el retorno de los reclamantes.
MINAS
Las amenazas y retaliaciones por parte de los enemigos de devolver las tierras expoliadas no son el único problema. Otro desafío, tanto o más difícil de enfrentar, ha empezado a dibujarse a medida que los funcionarios de la Unidad de Tierras llegan al terreno a reconocer los predios: como las zonas despojadas coinciden con aquellas donde el conflicto armado fue agudo, una inmensa cantidad de las tierras a las que deben retornar los propietarios legítimos están sembradas de minas antipersonales.
“Sabíamos que había problemas de minas antipersonales pero no lo habíamos dimensionado”, dice Ricardo Sabogal. Su entidad ha descubierto riesgo por minas aun en lugares donde no las había detectado el PAICMA, el programa presidencial a cargo de este problema.
Según sus cálculos, al cruzar áreas de alto desplazamiento forzado con presencia de minas, alrededor de 70 por ciento de las zonas donde se ubican los predios para restitución estarían minados. El desminado es lento, costoso y arriesgado y, mientras el suelo no esté libre de estos mortíferos artefactos, la llegada de los nuevos dueños quedará solo en el papel de las sentencias.
A todo esto se suman las dificultades técnicas de delimitación y reconocimiento de los terrenos. Además de que a menudo no existen registros catastrales o de propiedad, con frecuencia los dueños originales de los predios no logran reconocer sus parcelas. “Donde antes tenían árboles de mango ahora hay, por ejemplo, plantaciones de palma. Entonces no saben hasta dónde van los terrenos”, dice Sabogal. Esto obliga a hacer levantamientos topográficos para cada predio, lo que depende estrechamente de las condiciones de seguridad.
CRÍTICAS
Todos estos factores han contribuido a hacer el proceso más lento de lo que se calculaba y el resultado ha generado críticas y dudas sobre si el gobierno será capaz de cumplir las ambiciosas metas de restitución que se ha trazado.
El año pasado se restituyeron 33 de los 2.100 predios anunciados por el gobierno. El senador opositor Jorge Robledo ha puesto en duda que este pueda cumplir sus objetivos del cuatrenio. El gobierno alega que ese número era un estimativo y que cifras y metas se van ajustando a medida que se consolida el mapa del despojo.
En la actualidad, hay cerca de 1.200 demandas de restitución que ya están en manos de los 39 jueces de tierras a cargo del proceso y se espera que muchas de ellas se fallen este año. El proceso está, pues, en plena marcha. Pero con inmensos retos ya evidentes aun antes de que salga esa avalancha de sentencias, a los pilotos de la restitución de tierras les hará falta mucho más que habilidad para conducir a buen puerto este proceso, clave para poner remedio a décadas de expoliación violenta e inequidad en el campo colombiano.
ver cifras y mas en:
http://www.semana.com/Especiales/restitucion-tierras/index.html
