Un fuerte reproche hizo alto tribunal al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
Esto, por haber puesto en riesgo la integridad de un grupo de desplazados que iban a ser expulsados, esta vez por orden judicial, de dos fincas ubicadas en Chinchiná (Caldas) en la que se habían asentado huyendo de los grupos paramilitares.
En un fallo de tutela, la Sala Laboral de la Corte Suprema le dio tres meses de plazo a la entidad para adquirir las fincas La Sonora y La florida que estas personas tenían en arriendo, mientras culminaban los trámites para que se las adjudiquen de manera definitiva. La decisión suspende la orden de lanzamiento de un juez que los había declarado invasores de los predios.
El desplazamiento, señaló la Corte, «tiene profundas consecuencias sociales, políticas y económicas, y obliga al Estado a otorgar un trato diferenciado a quienes se convirtieron en víctimas de esa tragedia humana y que, como en este caso, fueron testigos de la desaparición de sus seres más queridos, debiéndose atender a esa situación dado que no es viable a ninguna autoridad ignorarla».
El drama de los desplazados en Chinchiná fue calificado por la Corte como «flagelo histórico» y demuestra que las prácticas de descoordinación institucional y corrupción siguen poniendo el palo en la rueda de las políticas de restitución de tierras.
Los hechos se remontan al 2001. Acción Social reubicó a las víctimas en esa población caldense. Las familias en su mayoría compuestas por seis o siete personas entre adultos, ancianos mujeres y niños– firmaron un contrato de arrendamiento con opción de compra con el propietario de las fincas mientras el Incora (hoy Incoder) culminaba el trámite para adquirir los predios.
Pero pasaron diez años y esa entidad jamás resolvió el caso, a pesar de las insistentes peticiones de los desplazados para acceder al susidio de tierras y resolver su situación. En abril del 2011, los herederos del propietario de La Sonora y La Florida decidieron terminar el contrato y les exigieron a los desplazados abandonar los predios, aprovechando que estaban atrasados en el pago del arrendamiento.
El caso terminó en los estrados judiciales, el Juzgado Civil de Chinchiná falló a favor de los herederos de los predios y ordenó el lanzamiento de las familias allí asentadas. Ellas impugnaron el caso ante el Tribunal Superior de Manizales que confirmó la acción policial.
Las decisiones judiciales también fueron cuestionadas por la Corte. «No se ponderó la especial condición de víctimas del desplazamiento forzado de los demandados, a pesar de haberse puesto de presente durante el debate procesal de restitución», les dijo a los jueces y magistrados que intervinieron en el caso.
En este caso, concluye la Corte, «se quebrantó el principio de confianza legítima». Por ese motivo, la sentencia concluyó que, «es deber del Estado, en cabeza del Incora, hoy Incoder, cumplir y culminar el proceso de estudio, compra y adjudicación de los bienes, para así proteger la expectativa legítima que tenían quienes acudieron en su ayuda luego de ser víctimas del delito de desplazamiento forzado».
REDACCIÓN JUSTICIA
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