En los últimos tres meses, la Procuraduría abrió tres expedientes contra el hombre que se ha opuesto férreamente al procurador Ordóñez respaldando la política de restitución de tierras. Sabogal se defiende.
Ricardo Sabogal pasó 18 años de carrera pública sin lidiar con investigaciones en su contra. Hasta ahora, que apareció siendo uno de los altos funcionarios más investigados por la Procuraduría. A falta de uno, ya acumula tres expedientes disciplinarios en su contra: uno que se abrió el pasado 22 de julio a raíz de un convenio que su entidad pactó con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); otro que se inició el 25 de abril de este año y que también es preliminar, por no suspender a un director territorial; y un tercero abierto en junio, relacionado con uno de los procesos más sonados de la Unidad de Restitución de Tierras (URT): el del investigado magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.
El caso que involucra a la OIM se abrió contra Sabogal, la secretaria general de la URT, Ángela Forero; el coordinador del grupo de gestión administrativa, Jaime Munévar Espitia, y el coordinador de proyectos productivos, Daniel Rubio Jiménez. Según se lee en el pliego de cargos, Sabogal supuestamente cometió irregularidades al haber firmado con la OIM el convenio de cooperación y asistencia técnica Nº 176 de 2012 por $4.355 millones, cuyo propósito era asesorar a familias beneficiarias de la restitución de tierras en la ejecución de proyectos productivos.
La Procuraduría concluyó que como la URT había aportado el 92 % de los recursos, ese convenio debía haberse regido por la Ley de Contratación (la Ley 80 de 1993). Es decir, que era necesario convocar a una licitación pública en vez de firmar el contrato directamente con la OIM. Reprochó también que con la OIM, según las normas, sólo se podía contratar de forma directa para “apoyo educativo”. Para la Procuraduría, asesorar a familias desplazadas para que puedan implementar proyectos sostenibles no tiene nada de educativo. En resumen, Sabogal, manifestó la Procuraduría, quebrantó el principio de transparencia.
“En la celebración de convenios con ese tipo de organizaciones, la Unidad de Restitución ha cumplido fielmente la ley y mostraremos todas las pruebas de que esos contratos fueron celebrados en atención a la normatividad que los regula”, dijo Ricardo Sabogal a este diario. Sabogal, de paso, recordó un dato que considera esencial: en la demanda ante la Corte Constitucional por el Acuerdo de Cooperación entre la OIM y Colombia, en 2011, Ordóñez lo respaldó: “El objeto principal del Acuerdo es proteger los derechos humanos de los migrantes” o, en este caso específico, de los desplazados.
Ricardo Sabogal dice que lo que se buscaba con el convenio Nº 176 con la OIM era precisamente lo que Ordóñez argumentó ante la Corte Constitucional hace cinco años: “Mejorar su calidad de vida (de los desplazados) por medio del diseño y la ejecución de programas y proyectos coordinados”. La Procuraduría insiste en que ese convenio debería haberse adjudicado de acuerdo con los criterios de “selección objetiva”: a través de una licitación.
El segundo expediente contra Ricardo Sabogal tiene que ver con Sergio Rodríguez, director territorial de la URT para el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. En marzo de este año, la Procuraduría sancionó a Rodríguez y ordenó su suspensión del cargo durante tres meses; Rodríguez apeló. Ricardo Sabogal explicó que, tal como reza el estatuto disciplinario, no podía sacarlo del cargo temporalmente hasta que se resolviera la apelación. La Procuraduría, sin embargo, investiga a Sabogal porque supuestamente debía nombrarle a Sergio Rodríguez un reemplazo.
Por último está el tercer expediente: el caso Pretelt. Como es ya de público conocimiento, a finales del año pasado la URT presentó una demanda por despojo de tierras contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Se trata de dos fincas, llamadas No hay Como Dios y Altobonito, ubicadas en la vereda Puya Arriba de Turbo, en Urabá. Desde hace por lo menos seis años hay testimonios en la Fiscalía de personas que se han acreditado como víctimas y señalaron haber sido despojadas de esas tierras bajo coerción paramilitar. Hoy pertenecen a Pretelt y a su familia.
El magistrado Pretelt y su esposa, Martha Ligia Patrón –funcionaria de la Procuraduría–, han respondido que ellos no se adueñaron de esos terrenos de forma irregular. La Unidad de Restitución de Tierras hizo lo que le correspondía: recopiló la información y presentó el caso ante el Juzgado Cuarto de Apartadó, especializado en restitución de tierras. Pretelt, por su parte, reclamó ante la Procuraduría vigilancia especial. En su juicio, Sabogal, en cabeza de la URT, ha desconocido sus derechos fundamentales y, además, ha dado “declaraciones irresponsables y completamente parcializadas”.
“La actuación de la Unidad está documentada en el proceso administrativo y judicial, la Unidad ha obrado en apego a la ley, sin desvíos. Y si hubiera desvíos, el proceso restitutivo es el escenario para enmendarlos, más cuando la Procuraduría participa en ese proceso que está en etapa judicial. No encuentro claridad en lo que están investigando. Si el juez no encuentra legitimidad, no habrá restitución y seguramente ordenará indemnizar a la familia Pretelt. Ahora lo que le corresponde al magistrado es demostrar su debida diligencia en la compra de esas tierras”, expresó Sabogal a este diario.
De esta manera, los desencuentros que Sabogal y Ordóñez han sostenido todo el año por cuenta de la política de restitución de tierras se trasladaron al escenario en el que Ordóñez tiene todas las de ganar y el reciente caso de Piedad Córdoba así lo demuestra. El Consejo de Estado acaba de decirle a la exsenadora liberal que tenía razón, que Ordóñez violó su derecho al debido proceso al dejarla por fuera de la vida pública con base en evidencias que la Corte Suprema ya había declarado que eran ilegales. Sin embargo, esa sanción estuvo vigente durante seis años. Y Piedad Córdoba tiene otra inhabilidad por 14 años que sigue en pie.
Los roces entre Ricardo Sabogal y Alejandro Ordóñez se hicieron notorios en abril de este año, cuando el procurador empezó a convocar mesas de trabajo en regiones para discutir la política de tierras. Ordóñez reclamó que la Ley de Restitución había quedado “mal hecha”, que se estaban cometiendo errores graves contra terceros de buena fe. Un día, en Sabanas de San Ángel (Magdalena), Ordóñez invitó al Ministerio de Agricultura a participar en la discusión. El viceministro Juan Pablo Díaz aceptó, pero en poco tiempo se retractó. Los invitados a la reunión lo hicieron desistir.
Díaz se refería a la participación de José Félix Lafaurie, quien ese día en Sabanas de San Ángel se terminó convirtiendo en un aliado fundamental del procurador Ordóñez en el debate. Lafaurie reclamó que la restitución de tierras se había vuelto una excusa para que personas en la ilegalidad se apoderaran de terrenos de ganaderos y empresarios. Sabogal respondió tan tajantemente como lo hizo Lafaurie y expresó que no permitiría “que a los millones de víctimas del conflicto se les tilde de guerrilleros, menos en un evento donde están todas las instituciones del Estado”. Evento al que Sabogal asistió por invitación de Ordóñez.
Así están las cosas por ahora. Ricardo Sabogal asegura que le entregará a la Procuraduría todos los documentos e información que requiera para tomar decisiones. La Procuraduría continuará con sus investigaciones, las primeras en la vida de Sabogal como funcionario público, hasta que se archiven o hasta que Sabogal sea sancionado. A menos que el Consejo de Estado decida lo contrario, a Alejandro Ordóñez le quedan cuatro meses como cabeza del Ministerio Público. No es claro aún si antes de dejar su cargo la suerte de Sabogal estará echada.
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