Además de evitar el enclave, Colombia ratificó su título sobre las islas. Pero el riesgo de perderlas persiste: no es jurídico sino político.
Lo peor para Colombia no se generará en las probables derrotas jurídicas que se aproximan en La Haya, sino en el abandono socioeconómico de San Andrés y su archipiélago.
El Gobierno presentó la estrategia jurídica para hacer frente a la demanda de Nicaragua por la plataforma continental extendida. Pocos días después, cansado de promesas incumplidas, Rudolf Hommes renunció al puesto creado para impulsar la presencia del Gobierno central en las islas. Si las cosas siguen así, los sanandresanos terminarán mirando hacia Estados de geografía más cercana. La culpa no será de las decisiones de una corte internacional, sino de la indiferencia de la Colombia continental.
Carlos Gustavo Arrieta, agente ante el tribunal de La Haya, anunció la presentación de excepciones preliminares. Esta jugada resulta sensata. Pero tiene pocas probabilidades de éxito. Colombia argumentará que el retiro del Pacto de Bogotá la sustrae de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Existe una alta probabilidad de que los magistrados estimen la denuncia del tratado efectiva, tal como este lo plantea, solo un año después. Nicaragua interpuso su solicitud antes de la finalización del año.
También alegará el Gobierno cosa juzgada. Pero, en la sentencia de noviembre del 2012, los mismos magistrados remitieron a Nicaragua a la conducción de trámites adicionales, dejando la puerta abierta a posteriores reclamos. Aún así, las excepciones preliminares constituyen una vía conveniente. Le permiten a Colombia ganar el tiempo que necesita para ambientar una solución diplomática y así evitar una decisión judicial que podría resultar adversa.
De proseguir hacia la fase final, un pronunciamiento inicial de la CIJ también podría dar luces para guiar futuras intervenciones. La desventaja, por supuesto, está en que, casi con certeza, el tribunal se declarará competente, dando así una victoria más a Nicaragua y, de paso, envalentonándola.
¿Y qué tal si la CIJ adelanta el estudio del desacato? La probabilidad de un revés también resulta alta. El problema no está en la demora para aplicar el fallo, algo común en esta jurisdicción. Lo grave está en el decreto que reunifica las aguas del archipiélago con base en una figura desconocida en el derecho internacional –la zona contigua integral–. Allí se plasma en blanco y negro la intención de violación de la decisión pasada, se concrete o no en la práctica.
Estas derrotas, de concretarse, no permitirían predecir el desenlace final sobre la solicitud nicaragüense. Pero serían difíciles de digerir para una sociedad que todavía se niega a aceptar una sentencia internacional inapelable cuando la entiende como desfavorable.
El nuevo equipo de abogados refleja tanta excelencia como el que lideró Julio Londoño. Varios han hecho saber que el resultado anterior no fue tan negativo como parece. Además de evitar el enclave, Colombia ratificó su título sobre las islas. Pero el riesgo de perderlas persiste: no es jurídico sino político. Más allá de los golpes de pecho de los primeros días postfallo, el archipiélago sigue inmerso en la inseguridad y la pobreza.
La construcción del canal interoceánico de Nicaragua se convertirá en un polo de atracción, una fuerza centrípeta para la región. Si Bogotá continúa ignorando las necesidades de los sanandresanos, ellos podrían voltearse hacia Centroamérica en búsqueda de oportunidades económicas. ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo?
Lo advirtió Rudolf Hommes: “El desarrollo acelerado de las islas no solamente traerá consigo beneficios a la población del archipiélago, sino que es la pieza esencial de una estrategia de afirmación de la soberanía colombiana en el Caribe”.
¿De qué nos sirve defender el agua si nos olvidamos de la gente?
Laura Gil
www.eltiempo.com/opinion/columnistas/san-andres-mar-y-gente/14475719
