Corte ordenó anular fallo de Justicia y Paz que devolvió terrenos avaluados en $ 4 mil millones.
En una decisión de segunda instancia, la Sala Penal de ese tribunal consideró que la magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, a cargo del proceso de restitución, debe escuchar a todas las partes y volver a decidir sobre la propiedad de los predios ‘Panamericano’ y ‘Las Palmas’, ubicados en Santa Marta (Magdalena).
En el fallo, la Corte ordenó suspender el poder que sobre estos bienes tiene un particular, quien alega haber adquirido los terrenos de buena fe, hasta que se tome la decisión definitiva dentro del incidente de restitución.
El caso se remonta al 2003, cuando paramilitares al mando Hernán Giraldo Serna se apoderaron a la fuerza de los predios ‘Panamericano’ y ‘Las Palmas’, ambos con una extensión de 22 hectáreas y que eran de la sociedad Inversiones Turísticas Mendihuaca y Promotora y Constructora S.A.
El exjefe del bloque Tairona, por medio de testaferros, invirtió después en siembras de plátano, canales de riego y construcciones en esas tierras.
Nodier y Hernán Giraldo Serna, luego de postularse a la Ley de Justicia y Paz, reconocieron la toma ilegal sobre aquellos bienes, y acordaron la devolución a sus legítimos propietarios.
Sin embargo, en el 2007, el particular Jaime Oñate Almazo alegó tener posesión de esos terrenos al que le cambio de nombre y lo denominó «El Paraíso».
Según las investigaciones, solo el predio identificado como ‘Panamericano’ aparece registrado a nombre de Oñate Almazo mientras que el predio ‘Las Palmas’ mantiene su titularidad en cabeza de la Fiduciaria Alianza, a quien le fue transferido a título de Fiducia Mercantil por parte de la Promotora Constructora S.A.
En el expediente también se afirma que Oñate Almazo trabajaba como jornalero en unas fincas ubicadas en el corregimiento de Bonda, en Santa Marta (Magdalena). Al parecer, en complicidad con alias ‘Cirilo’ -el paramilitar que dominaba la zona- planearon la ocupación ilegal de esas tierras.
Testigos y víctimas han declarado en el proceso que Samuel Carvajal y Jaime Oñate, de la mano de Giraldo Serna y sus hombres les exigieron a los propietarios considerables sumas de dinero como condición para devolver los predios.
