Las multitudinarias marchas estudiantiles que en noviembre de 2011 tumbaron la reforma a la ley de educación superior, propuesta por el gobierno Santos, fueron sólo el inicio de una interesante serie de conversaciones nacionales que surgieron desde ese momento a propósito del futuro imaginado del modelo educativo colombiano.
La reforma se cayó, pero dejó en pie algunos interrogantes: ¿cuál debería ser la verdadera ruta para transformar los modelos de enseñanza (no sólo universitaria sino también básica y media) que hoy, a los ojos de muchos, parecen obsoletos? ¿Habrá que esperar a que el Gobierno vuelva a proponer estos cambios o como ciudadanos podremos participar en la construcción de una propuesta?
Los que no se quedaron quietos ahora tienen sobre la mesa propuestas claras y dos de ellas serán presentadas al país esta semana, sólo un par de días después de saberse que el Gobierno destinará para 2015, y por primera vez, más dinero al sector educativo que al de defensa, comprometiendo $28,9 billones del presupuesto nacional para el aprendizaje.
Una política a 20 años para la educación superior
Hace tres años el Gobierno entendió que si quería adelantar algunas reformas al sistema de educación superior debía incluir a la gente en el debate. Así abrió un diálogo con rectores, maestros, estudiantes y el sector productivo, para formular una serie de lineamientos que podrían guiar en los próximos 20 años la política pública de educación superior.
Esta discusión fue coordinada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) y, resumido en 10 temas claves y 136 propuestas, surgió el documento Acuerdo por lo Superior 2034: propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia, en el escenario de la paz, que le fue entregado ayer al presidente Santos.
Entre los puntos más relevantes se encuentra el aumento en la cobertura, que hoy ronda el 46% en educación superior. La meta que se plantea es llegar al 60% antes de que acabe este gobierno y a 84% en 2034. En cuanto a calidad, se propone la creación de una agencia nacional que agrupe todos los esfuerzos que se hacen hoy desde distintas instituciones y que además garantice que en todas las regiones del país existan buenas ofertas de profesionalización. Además se propone que los recursos de las universidades se distribuyan equitativamente, dependiendo de su desempeño, y se invita a que se aplique un modelo de financiación caracterizado por concurrencia y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y el sector productivo.
Aunque el Cesu ha reiterado que esta propuesta reúne las voces de al menos 30.000 personas que participaron en los foros de discusión, la senadora de la Alianza Verde Claudia López dice que “es preocupante y vergonzoso que el ministerio quiera presentar esto como un consenso de todos los actores del sistema cuando se trata de una iniciativa de los rectores que están en el Cesu y del propio ministerio”.
Por otro lado, los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), quienes a pesar de haber sido convocados se abstuvieron de participar en la discusión, consideran que el documento “es un reencauche de la misma política que se trató de aplicar con la reforma planteada por el Gobierno en 2011”, según dice Jairo Rivera, uno de sus miembros.
Para la MANE, el Gobierno “logró cooptar” a muchos de los rectores con la promesa de satisfacer los problemas financieros y de infraestructura con soluciones como el recaudo de $5 billones vía estampilla, cuando la Mesa Amplia cree que en 10 años apenas se recolectará $1 billón.
El Gran Acuerdo Nacional por la Educación
Lo que comenzó como una conversación en WhatsApp entre Juan Manuel Restrepo y Juan David Aristizábal, un par de amigos indignados por los bajos resultados de Colombia en las pruebas Pisa, terminó convertido a comienzos de este año en un movimiento ciudadano que se atrevió a decirle al país que ya era hora de transformar los modelos de enseñanza que aplican nuestros colegios.
Por internet, los jóvenes —que ya no eran dos, sino cinco— convocaron a todos los interesados a firmar el Pacto por la Educación, un documento que invitaba a la sociedad civil, a los políticos y a los empresarios a abordar diez prioridades que podrían cambiar la historia de las futuras generaciones, entre ellas tener maestros más calificados y mejor pagados, aumentar la financiación del sector y educar para disminuir la inequidad.
Esta propuesta tuvo tanta acogida que más de 20 organizaciones de educadores, padres de familia, entidades internacionales, empresarios y medios de comunicación se sumaron y conformaron Todos por la Educación, un nuevo movimiento que, al mejor estilo de Todos pela Educação en Brasil, La Educación lo es Todo en Israel y Educación 2020 en Chile, quiere impulsar cambios estructurales en el sector.
Hoy Todos por la Educación le presentará al país el Gran Acuerdo Nacional por la Educación, un proyecto que intentará motivar a los colombianos a establecer líneas estratégicas, metas, indicadores y acciones concretas para mejorar la educación basándose en siete temáticas.
Entre sus aristas se encuentra la universalización de la jornada única para todos los niños y jóvenes entre 4 y 18 años, el incremento del presupuesto para el sector educativo, la redignificación de los maestros de escuela y la vinculación de los sectores productivos a los procesos de enseñanza.
Todos los interesados en sumarse a esta propuesta podrán firmar el Pacto por la Educación a través de la página web de El Espectador.
