Aunque hace seis años, el fiscal Mario Iguarán le anunció al país la creación de un grupo especial para romper la impunidad en los procesos por el genocidio de la Unión Patriótica, uno de los casos emblemáticos de ese expediente, el del magnicidio del excandidato presidencial Jaime Pardo Leal, apenas volvió a moverse hace un mes.
A pesar de su importancia, el proceso duró años en un despacho judicial de La Mesa (Cundinamarca). Solo en septiembre pasado, los 24 cuadernos del caso -con más de nueve mil folios- llegaron a la Unidad de Derechos Humanos. Aún no se ha asignado un nuevo fiscal investigador.
Veinticinco años después del asesinato (ocurrido el 11 de octubre de 1987), la justicia colombiana apenas llegó hasta cuatro autores materiales, pero no ahondó en los responsables intelectuales. En su momento, se estableció que el capo Gonzalo Rodríguez Gacha, el ‘Mexicano’, habría pagado 30 millones de pesos de la época a los sicarios, y el proceso contra el narco se cerró con su muerte en 1989.
Los sobrevivientes del genocidio de la UP, que este jueves marcharán en Bogotá para pedir justicia, insisten por eso en que se deben reabrir las investigaciones por la «alianza entre paramilitares y agentes del Estado», de la que habló la Corte Suprema en 1997.
«Era líder de la oposición, presidente de un partido perseguido y diezmado violentamente y debería, esa sola circunstancia, ser suficiente para que Pardo Leal recibiera del Estado, a través de la Policía y demás organismos, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida», dijo la Corte en ese momento.
La abogada Jahel Quiroga, de la Corporación Renacer, señaló que el país se expone a acciones internacionales por la complicidad generalizada en estos casos. «El Estado fue cómplice en los crímenes de los activistas de la UP y no se ha llegado a los determinadores», dijo la abogada.
Renacer representa los derechos de cerca de 7.000 familiares de víctimas en una demanda que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, el senador Iván Cepeda cuestionó el hecho de que, por el «exterminio» de la UP, el único funcionario del Estado enredado sea el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, «y ni siquiera por sus actos como funcionario (fue subdirector del DAS en el 2004) sino como asesor de Carlos Castaño».
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