El nuevo sistema para canalizar y procesar la radicación de solicitudes de títulos mineros empezó bien, pero requiere mucha supervisión y mejor coordinación institucional.
Hacía más de dos años que la llamada ‘ventanilla’ de radicación de títulos mineros se había cerrado en Colombia. Los abusos en el otorgamiento de esos derechos de exploración y explotación en las más diversas áreas del país durante el gobierno pasado y la avalancha de solicitudes presentadas llevaron a la administración Santos a suspender un mecanismo que había dejado un muy mal sabor en la opinión.
Diferentes investigaciones mostraron la aparición de verdaderos carteles, que en no pocos casos tenían relaciones con los políticos de diferentes regiones, sin hablar de los permisos concedidos en zonas de páramo o de parques nacionales. Debido a ello, el Ejecutivo decidió aplicar los frenos y examinar las 19.000 requisiciones pendientes, con el fin de ordenar la casa por dentro.
Con tales antecedentes, no es de extrañar que en múltiples sectores se escucharan voces de alerta ante el anuncio hecho por la Agencia Nacional de Minería (ANM) de poner en marcha un nuevo sistema para canalizar y procesar la radicación de solicitudes. Por ejemplo, la Contraloría General señaló que le parecía nocivo reabrir la puerta sin que el represamiento se hubiese solucionado del todo o sin contar con un catastro minero.
En respuesta, la ANM sostuvo que no solo el 90 por ciento de ese inventario había quedado resuelto, sino que el hecho de haberlo despejado en un tiempo relativamente breve garantizaba que el procedimiento funcionara bien. Dicha afirmación fue precisamente la que se puso a prueba el lunes, cuando se instituyó una herramienta en Internet mediante la cual un peticionario presenta su caso tras haber adquirido un código de acceso o pin.
Según lo dicho por propios y extraños, el proceso funcionó sin contratiempos y permitió la radicación de cerca de 2.200 solicitudes en su primer día. Ahora vienen la fase de presentación de documentos complementarios y el examen gubernamental, pero, sin duda, hay más orden y transparencia que en el pasado.
Hecho ese reconocimiento, es clave que la ANM incorpore las lecciones aprendidas, para que los abusos que se vieron en su momento no se vuelvan a presentar. Estos no solo incluyen el abominable tráfico de influencias, sino especialmente la afectación de recursos naturales estratégicos, pues hay vastas zonas en las que la riqueza del suelo supera ampliamente a la que puede existir en el subsuelo.
En tal sentido, es clave una buena coordinación a nivel ministerial, especialmente entre las carteras de Minas y Ambiente. Esta última en particular tiene tareas por ejecutar en lo que hace a la delimitación de áreas de reserva natural, según lo establece un decreto expedido la semana pasada. Para la de Minas sigue el compromiso de cumplir con el catastro.
En la medida en que las responsabilidades se cumplan será posible enmendar la plana en un asunto en el que hay muchos pendientes. Bien controlada y con reglas de juego justas, la minería legal puede ser un vehículo de progreso, tal como ocurre en muchas latitudes. Pero un escenario de desorden como el de épocas recientes la deslegitima y les abre el espacio a sistemas de extracción irregulares, que dejan pérdidas, muchas irreparables.
Por tal razón, hay que celebrar lo sucedido como un paso adelante, resultado de una institucionalidad fortalecida, en la que prima el manejo profesional. Sin embargo, el país deberá estar atento para que los principios puestos en marcha se apliquen y así los descalabros del pasado no vuelvan a registrarse nunca más.
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