En el Congreso hay varias iniciativas para incrementar los gravámenes a las compañías petroleras.
El posible cambio que podría darse en las reglas de juego del sector petrolero, por iniciativas que cursan en el Congreso de la República con las cuales se busca incrementar la renta para el Estado, preocupa más a las empresas petroleras que los problemas de seguridad en los campos, cuyo número se incrementó en el último mes con los atentados a los oleoductos que, de acuerdo con Ecopetrol, provocaron la pérdida de 13 millones de barriles de petróleo.
Así lo señaló el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, Alejandro Martínez, al señalar que de modificarse los contratos petroleros, la renta del Estado podría pasar del 70% a 90%, lo que haría inviable el negocio y espantaría a los inversionistas en el país. Recalcó que “de avanzar iniciativas que buscan gravar más a la industria petrolera, ocurrirá lo mismo que pasó en la década de los 90, es decir, que las empresas abandonaron el país”.
El gremio que lidera compañías petroleras señaló que este año se tienen proyectadas inversiones menores que las del año pasado, sin embargo, la exploración y la producción aumentarán y se cree que para finales de año la producción diaria podría estar en 1’060.000 barriles por día, es decir, se mantendrá por encima de la meta del gobierno que es el millón. Enero cerró con 1’011.000.
La exploración sísmica en 2012 se redujo en 24% con respecto a la del año 2011, lo que permitió 18.162 kilómetros ese año, y crecería a 27.800 kilómetros. La perforación de pozos para este año será de 135.
El mayor dinamismo se dará en el sector de hidrocarburos pesados, especialmente en los Llanos Orientales y el Magdalena Medio. Este año se descarta la exploración en mar abierto y en proyectos de hidrocarburos no convencionales, por falta de la fijación de normas claras para este tipo de exploración.
Además de mantener una estabilidad tributaria, los retos del sector tienen que ver con la eliminación de los bloqueos en los campos de producción, los ataques a la infraestructura y la agilización de las licencias ambientales, recalcó Martínez.
