Los enormes logros de los últimos tres años en la protección de los colombianos golpeados por la violencia, reflejados en la aprobación de la histórica ley de víctimas y tierras, contrastan dramáticamente con varias noticias de los últimos días, que muestran que es esta una materia en la que el país no puede bajar la guardia.
Como ningún otro, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se la ha jugado en este campo. Desde el 2010, más de 157.000 compatriotas han recibido reparación por vía administrativa, y el 2013 debe cerrar con parecidas medidas de protección para otros 100.000. La restitución de tierras empieza a mostrar resultados, como el que permitió esta semana el regreso de 60 familias a predios de Córdoba que habían sido arrebatados hace más de 20 años por los paramilitares bajo las órdenes de los Castaño Gil. Y hay recompensas de hasta 200 millones de pesos por ocho cabecillas de grupos armados que han obstaculizado el proceso.
A pesar de esos esfuerzos, decenas de colombianos siguen entrando a diario al largo listado de afectados por los crímenes de los violentos. Este martes, cuando miles marchaban en todo el país, el líder campesino de Valencia (Córdoba) Éver Antonio Cordero fue asesinado por dos sicarios, precisamente cuando se dirigía al acto de conmemoración en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Con él son cerca de 60 los reclamantes de tierras asesinados desde el 2007, sin que hasta ahora la justicia haya avanzado más allá de capturar y condenar a algunos de los gatilleros.
Valga añadir cómo el mismo día, y en un reprochable episodio, los que llegaron desde las regiones más apartadas de Colombia a un homenaje en el Congreso se quedaron esperando a los representantes y senadores.
Los dos hechos coinciden con un alarmante informe de la Federación Nacional de Personeros sobre el incremento exponencial del número de víctimas de las bandas criminales. Aquellas acuden ante los personeros, que, con pocos recursos y apoyo logístico, deben recibirlas.
Son miles de familias las que, a causa de las limitaciones establecidas por la ley de víctimas, no están cubiertas por la reparación administrativa, a pesar de que han sido golpeadas por crímenes similares a los cometidos por guerrilleros y paramilitares, como desplazamiento, asesinatos y delitos sexuales.
Con situaciones semejantes a la de Buenaventura, donde 6.750 de los 7.000 desplazados internos huyeron por persecución de las bandas criminales, los personeros le han planteado al Gobierno, con razón, que incluya en la reparación a las víctimas de esos grupos.
Nace así un debate necesario, que en ningún caso implica darles a ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’ y otros grupos delictivos ningún reconocimiento político. Así como en la reglamentación de la reforma del fuero militar el Gobierno ha planteado la opción de realizar, en casos bien determinados, fulminantes operaciones militares contra las bandas -operaciones que han sido claves en la lucha contra la guerrilla-, es justo que los perjudicados por la violencia de los nuevos grupos tengan opciones parecidas a las que se han abierto para los afectados por autodefensas, Farc y Eln. A pesar de los retos logísticos y económicos que ello implica, no se entendería, como lo advirtió a este diario el personero de Cali, Andrés Santamaría, que esos miles de compatriotas que han sentido la violencia de las bandas terminen también siendo víctimas de la discriminación.
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