Uno de los más emblemáticos casos de despojo de tierras en el país, el de los campesinos de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Urabá chocoano, está a punto de tener un nuevo capítulo judicial que llevaría a la cárcel a otras 55 personas.
Un fiscal de la Unidad de Desplazamiento y Desaparición Forzada vinculó formalmente a la investigación a 6 notarios, 1 concejal, 7 particulares, 19 empresarios y 22 paramilitares. Ellos ya fueron escuchados en indagatoria y el fiscal tendrá que resolver en los próximos días su situación jurídica.
Dos de los casos documentados por los investigadores tienen que ver con los campesinos Sixto Pérez y Lino Alfonso Díaz Almario, quienes, a pesar de haber muerto, aparecían firmando la venta de sus propiedades.
En el caso del primero, había fallecido hacía tres años cuando en la notaría de Carepa se firmó a su nombre la cesión de sus derechos sobre la finca La Nevera. Y en el de Díaz Almario, completaba cinco años muerto cuando en la misma notaría se falsificó su firma para la venta de su finca, en marzo del 2000.
De acuerdo con la investigación, los vinculados al proceso se habrían aprovechado de la violenta incursión de las autodefensas, entre 1997 y el 2001, para quedarse con cientos de hectáreas productivas que hoy son explotadas con cultivos de palma, banano y zonas de ganado. Esas tierras aún están en proceso de restitución a sus dueños.
En el proceso empiezan a aparecer enredados funcionarios del Incoder, CorpoUrabá, CodeChocó y de Finagro, que habrían facilitado el despojo de los predios, y que con la ayuda de notarios dieron visos de legalidad a las trampas con las que los campesinos fueron sacados de sus tierras.
La Fiscalía investiga la manera como los palmicultores accedieron a los créditos y a los permisos para desarrollar su actividad en una zona protegida. Ya se han documentado créditos por 7.000 millones de pesos a empresarios de la región que habrían terminado en fincas despojadas.
Los investigadores buscan el testimonio del extraditado jefe paramilitar Éver Veloza, alias ‘H. H.’, quien sería clave para llegar al entramado de empresarios y funcionarios que se beneficiaron con lo que los paramilitares llamaban «el proyecto». Consistía en la apropiación de las tierras más productivas del Chocó y Antioquia para entregarlas a sus auxiliadores.
Van 20 condenas
Por el despojo en Curvaradó y Jiguamiandó ya fueron condenadas 20 personas, entre ellas el abogado Iván Patiño, gerente de Palmas S. A., una de las empresas que se quedaron con tierras de las comunidades negras. Patiño aceptó los cargos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y daño ambiental.
Otro de los enredados es el empresario Hernando Gómez, prófugo de la justicia, y su esposa, Katia Sánchez, representante legal de Urapalma. La mujer tiene la medida de aseguramiento suspendida por enfermedad.
En el expediente también aparecen fichas claves de la ‘casa Castaño’ y fundadores de las Auc, como Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’. Así como Sor Teresa Gómez, del clan Castaño y condenada por el asesinato de la líder de restitución de tierras Yolanda Izquierdo.
En la lista de los condenados también aparecen 12 guerrilleros de las Farc, pues el despojo en esta zona comenzó con esta guerrilla.
‘Palmicultores promueven invasión’
Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que la restitución en los territorios colectivos del Chocó se está complicando por cuenta de empresarios que están ocupando las tierras de mala fe, y de terceros que están en contra de la restitución.
Dijeron que están llevando familias para repoblar esas zonas y que ya se han asentado 470. Según el Ministerio, «se ha logrado evidenciar que Urapalma, como pago a sus trabajadores, les dio, ilegalmente, terrenos de los territorios colectivos. El objetivo, aparte de no pagar lo que les corresponde a los trabajadores, es que estas personas se asienten e impedir la restitución».
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12084268.html
