Debido a las deudas de las entidades prestadoras de salud, varios hospitales de Cundinamarca están al borde de la quiebra. Según la Secretaría de Salud, los más afectados son los de los municipios de Pacho y Puerto Salgar.
La misma incertidumbre que viven desde hace varios meses los directores de la red de hospitales de Bogotá a la hora de pagar la nómina o las facturas de los proveedores, tiene hoy en vilo a los directores de los 37 hospitales de la red de Cundinamarca: no hay recursos debido a las deudas de las EPS.
Así lo vienen advirtiendo tanto el gobernador, Álvaro Cruz, como el secretario de Salud departamental, Germán Augusto Guerrero. No es la primera vez que lo dicen: la falta de recursos se ha registrado progresivamente en estos centros de salud desde 2009, y en consecuencia, como enfatiza Guerrero, “la situación se está poniendo cada vez más difícil”.
Prueba de ello es que algunos hospitales estarían al borde del abismo si no reciben de manera inmediata una inyección de capital. De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre los más afectados están los hospitales de los municipios de Pacho y Puerto Salgar, pero la crisis cobija a la mayoría, asegura Guerrero.
Cifras de los hospitales muestran que, a la fecha, su cartera asciende a $170.000 millones y entre las mayores deudoras están las EPS Convida, Ecoopsos y Cafam (ver gráfico).
“Hoy, quienes están apalancando esta crisis son los proveedores y los empleados, a quienes en algunos hospitales les deben hasta tres meses”, enfatiza Édgar Silvio Sánchez, director del hospital de La Mesa. Si a esto se suman las dificultades sobre las que ha advertido el gobernador, como consecuencia de la unificación del POS, el panorama es aún peor.
Pero el flujo de caja no es el único enemigo de la salud en el departamento. “La carencia de especialistas y de infraestructura”, como señala Jairo Martínez, director del hospital de Facatativá, es otra de sus limitaciones. “Una cita para un especialista puede tardar hasta tres meses. Encontrar, por ejemplo, a un pediatra es casi imposible, y los campesinos son los mayores perjudicados. Para solucionar esta crisis habría que cambiar todo el modelo de salud”.
En cuanto a las ambulancias, la situación también es preocupante. Si se requiere este servicio, en varios municipios puede tardar hasta ocho horas en llegar, como reconoce el secretario de Salud.
¿Hay alguna solución?
La Gobernación viene trabajando con el Ministerio de Salud para evitar el declive de los hospitales. Una de las propuestas que analizan es que los recursos recibidos por los municipios, que suman cerca de $170.000 millones y que debían estar destinados a afiliaciones pero nunca se han usado, sean transferidos a los hospitales para aliviar la crisis.
En cuanto a las EPS, comparten la misma respuesta: aseguran que no han pagado, porque los municipios tampoco les giran los pagos a tiempo. En resumidas cuentas, un círculo vicioso en el que los mayores afectados siguen siendo los pacientes. Así lo explica el Secretario de Salud : “Estamos ante un abismo; el Gobierno tiene que tomar una decisión urgente. En los pueblos pequeños sólo operan los hospitales públicos porque para los privados no es rentable. Si quiebran, ¿quién va a atender a la población?”.
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