La Unidad de Tierras asegura que no ha recibido denuncias de amenazas contra los parceleros del predio Cedro Cocido, pero un grupo de campesinos asegura que sí ocurren y tienen miedo de contar lo que sucede a las autoridades.
A 45 minutos de Montería está la antigua hacienda Cedro Cocido, predio que a finales de los años noventa fue epicentro de la violencia perpetrada por los hermanos Castaño Gil y ahora es prioridad en el proceso de restitución de tierras en Córdoba. No obstante, aún no llega la tranquilidad y la situación es tensa, según denuncian sus pobladores.
Un grupo de campesinos que ya retornó a sus parcelas, tras la decisión de la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia de devolverles sus tierras, asegura que hay problemas en la parcelación. Por un lado, están inquietos porque conviven en la zona con algunos opositores al proceso; y por otro, que desde hace varios meses rondan por allí personas ofreciéndoles dinero para arrendar los predios.
“La gente no quiere hablar porque tiene miedo. Dentro de la parcelación está viviendo gente que se opuso al proceso y no entendemos cómo es que la Unidad no presentó estos casos juntos al juez para garantizarnos tranquilidad”, dice Libardo Rojas*, un campesino que vive en Cedro Cocido y quien pidió la reserva de su nombre por seguridad. Este labriego cuenta que retornó hace un par de meses, pero que “quien se considera administrador de la finca y el que se considera dueño nos impiden el acceso al agua. Esto es un calvario con este verano que está haciendo por acá”
Ramiro Correa*, otro campesino de Cedro Cocido, cuenta que la tensión comenzó una vez los jueces de tierras comenzaron a pronunciarse: “Nos entregaron la tierra con vacas dentro de la parcelación. Entonces ese señor lo que hace es que nos manda sus vacas, usando nuestras tierras. Le dijimos que si iba a hacer eso que le arrendábamos. Él nos dijo que no, que él era el dueño”. El nombre al que se refieren es Guillermo León Restrepo Rico.
Según la sentencia del 13 de febrero de 2014 proferida en Medellín por la Sala Especializada en Restitución de Tierras, Restrepo Rico se presentó en ese juicio como opositor a las reclamaciones de 59 parceleros de Cedro Cocido, argumentando que fue comprador de buena fe exento de culpa porque, según juró ante los jueces, antes de comprar la tierra contrató a un jurista para que estudiara la tradición de los predios y lo hizo sin ejercer presión o violencia. (Descargue la sentencia en PDF)
Un informe de marzo de 2014 de las fundaciones Forjando Futuros y Paz Reconciliación indica que Restrepo Rico, junto con otras cuatro personas, hacen parte de los opositores de por lo menos 191 procesos de restitución en el departamento de Córdoba (Lea: Los claroscuros de la restitución de tierras).
En la demanda presentada ante los jueces, la Unidad de Restitución de Tierras documentó que en el pasado las tierras de Cedro Cocido fueron inicialmente donadas por los Castaño a campesinos, luego usurpadas a finales de los años noventa a través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) y, finalmente, transferidas a varios compradores que luego las acumularon en una misma escritura (Lea: Las otras 59 familias engañadas por los Castaño). Restrepo, por ejemplo, acumuló estas 59 parcelas en octubre de 2006 en escrituras registradas en la Notaría 3 de Montería y la Notaría Única de Pueblo Nuevo.
Según datos de la Unidad de Restitución, Cedro Cocido hace parte de la antigua hacienda Santa Paula, de 1.900 hectáreas en total, que los Castaño fraccionaron en 1986, además, en los predios Los Chavarríes, Arquía y Micono. De las 106 solicitudes de restitución que han presentado los campesinos despojados en Cedro Cocido, 62 parceleros fueron beneficiados con una sentencia proferida por jueces de restitución que ordenaron además otorgarles un proyecto productivo.
Para los parceleros, estos proyectos han generado ‘apetito’ por sus tierras. El proyecto productivo está tasado en 40 salarios mínimos legales vigentes, unos 25 millones de pesos, que la Unidad de Tierras desembolsa entre tres partidas. Según la Unidad, los campesinos de Cedro Cocido ya recibieron la primera para adecuar las tierras, luego vendrán los otros dos pagos para la construcción de cercas, suministro de semillas y desarrollo como tal del proyecto que, para este caso, será ganadería y pancoger.
“Esto no sólo ha ocurrido en Cedro Cocido sino en las tierras que están cerca. Han llegado personas a decirle a los parceleros que les arrienden o que cuadren para vender la tierra que ya fue restituida. A alguien le propusieron acceder a una vivienda en la zona urbana a cambio de esa tierra. La gente tiene miedo porque así fue como comenzó la presión por las tierras cuando nos sacaron de acá”, explica Reinaldo Rosales*, un campesino de la parcelación de Santa Paula.
Aunque los predios restituidos no pueden ser comercializados en un plazo de diez años, tal como lo advierte la ley, los parceleros aseguran que ese período no es un impedimento para quienes tengan intereses en sus tierras lleguen a hacerles propuestas de arriendos informales o les prometan una casa en la ciudad. “Si esas propuestas nos llegan a varios se convierte en una forma de presión”, dice Rosales.
Los cuestionamientos de los labriegos se concentran en dos aspectos: el primero, que no entienden por qué la Unidad de Restitución no presentó los casos de sus parcelaciones de forma colectiva ante los jueces para evitar situaciones como las de ahora en la que campesinos ‘conviven’ con opositores; y el segundo, en por qué no ha habido un acompañamiento permanente por parte de la Unidad de Víctimas, en ese sentido, los campesinos señalan que, incluso, han estado en desacuerdo en cómo se formularon los planes de retorno.
Los parceleros comentan que una vez emitidos los fallos no hay un seguimiento de las instituciones locales, pues “la Alcaldía y la Gobernación tampoco están pendientes del proceso”, dice Rosales. Ahora que los parceleros aseguran que tienen problemas para acceder al agua por negación del opositor, y que foráneos rondan ofreciéndoles arrendarles o comprarles, “tenemos miedo. Porque uno no se atreve a contar esto que está sucediendo”, asegura Libardo Rojas.
Este temor se incrementa porque creen que sus tierras pueden ser apetecidas por la banda criminal conocida como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también llamados ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’, para conectar antiguas rutas de narcotráfico que atraviesan las parcelaciones del centro y sur de Córdoba. “Estas tierras son ricas sobre todo por su ubicación”, coinciden los campesinos. Durante 2014 en el departamento hubo varias capturas relacionadas con este grupo, señalados por las autoridades como responsables de asesinatos y extorsiones en varios municipios (Lea: Capturados 14 Urabeños que delinquían en el sur de Córdoba; Capturan a presunto jefe de ‘los Urabeños’ en Córdoba).
Hablan las autoridades
Rodrigo Torres, director de la Unidad de Restitución en Córdoba, asegura que los parceleros de Cedro Cocido no le han informado sobre situaciones de presión ni amenazas. “Es raro porque hemos estado en la zona conversando con ellos para la implementación de los proyectos productivos. El miedo y la amenaza son cosas diferentes. Sentir miedo de retornar es lógico por la historia pasada de estas tierras. Pero no tenemos conocimiento de lo segundo”, afirma Torres.
El funcionario indica que sabe de “algunos parceleros arrendaron los pastos mientras salían los desembolsos de los proyectos productivos” y que ya les informaron que pronto comenzarán las obras para que cada parcela tenga su reservorio de agua.
Sobre por qué la Unidad no presentó todos los predios de Cedro Cocido en demanda colectiva ante los jueces, Torres asegura que “esto ocurre en la medida en que las víctimas van presentando las solicitudes y si hay predios que no están incluidos en estas sentencias debemos respetar la propiedad privada”. El funcionario dice que si los parceleros consideran que hay alguna situación que los amenace, la Unidad activa una ruta que cuenta con el apoyo de la Policía.
Al respecto, Claudia Santamaría, coordinadora nacional del Grupo de Retorno de la Unidad de Víctimas, explica que los planes de retorno son formulados en consenso con las autoridades locales, representantes del Ministerio Público, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y representantes de las víctimas, ateniendo garantías de seguridad, dignidad y voluntariedad.
Según Santamaría, aunque el gobierno reconoce que hacer estos procesos en medio del conflicto no es fácil, la Unidad sigue las órdenes de los jueces y gestiona con diversas instituciones del Estado la atención que requieren las familias para salir adelante en sus tierras. “Desde 2009 a la fecha, han retornado 69 mil hogares en todo el país”, agrega.
Por su parte Manuel Pacheco, director de la Unidad de Víctimas en Córdoba, aclara que el plan de retorno para las parcelaciones que están en procesos de restitución en Montería fue aprobado por Concejo el 19 de diciembre de 2014, y que no ha sido informado sobre tensiones entre los campesinos y los opositores o presencia de foráneos que quieran arrendarles las parcelas.
“Me parece extraño porque he estado en permanente comunicación con los campesinos y no me han expresado nada al respecto. Hemos hecho un pleno proceso de acompañamiento con ellos. El retorno como tal no ha ocurrido porque les hace falta agua potable y porque el Banco Agrario se comprometió a entregar las primeras viviendas a finales de febrero”, concluye Pacheco.
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